La situación fiscal de España se encuentra en un punto crítico, marcado por la presión de la Comisión Europea y la inestabilidad política que afecta la implementación de reformas necesarias. En un reciente informe, la Comisión ha señalado que el país no ha cumplido con varios de los compromisos adquiridos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, especialmente en lo que respecta a la reforma fiscal. Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para acceder a los fondos europeos que son cruciales para la recuperación económica.
La reforma fiscal, que se enmarca dentro del hito 388 del Plan de Recuperación, es esencial para garantizar la sostenibilidad fiscal de España. Este hito incluye recomendaciones específicas del Comité de Expertos y otros análisis del Ministerio de Hacienda, que apuntan a la necesidad de aumentar la recaudación fiscal y equiparar la fiscalidad del diésel con la de la gasolina. Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno no ha logrado avanzar en estos compromisos, lo que ha llevado a Bruselas a calificar la situación como «incompleta».
### La Parálisis Legislativa y sus Consecuencias
La parálisis legislativa que atraviesa España ha sido un factor determinante en la incapacidad del Gobierno para implementar las reformas fiscales necesarias. La falta de consenso político ha llevado a que varias propuestas clave sean rechazadas en el Congreso, lo que ha generado un estancamiento en el proceso de reforma. Por ejemplo, la equiparación de la fiscalidad del diésel con la de la gasolina fue rechazada por la oposición, lo que ha complicado aún más la situación.
Además, el Gobierno había planeado aprobar estas reformas en diciembre, pero decidió posponerlas para asegurar apoyos parlamentarios. Esta falta de acción ha resultado en una creciente preocupación en Bruselas, que ha advertido que el incumplimiento de estos compromisos podría afectar el acceso a los fondos europeos, que son vitales para la recuperación económica del país.
La Comisión Europea ha sido clara en su evaluación, indicando que dos de los seis requisitos asociados al hito 388 no se han completado. Esto ha llevado a que el informe de progreso anual enviado por el Gobierno a Bruselas declare que la reforma fiscal está «en fase 1», dejando para una «fase 2» un aumento adicional de los ingresos tributarios. Sin embargo, la falta de avances concretos en la implementación de estas reformas ha generado dudas sobre la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos en el futuro.
### Presiones de Bruselas y el Futuro de los Fondos Europeos
La presión de Bruselas sobre España no solo se limita a la reforma fiscal, sino que también abarca la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. La Comisión ha instado al Gobierno a revisar y simplificar el sistema tributario, desplazando parte de la presión fiscal del trabajo hacia la fiscalidad medioambiental y del consumo. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la sostenibilidad fiscal es cada vez más crítica, dado el aumento de los gastos públicos y la necesidad de mantener un equilibrio en las cuentas del Estado.
En términos cuantitativos, el objetivo de las reformas fiscales es aumentar permanentemente los ingresos en al menos 0,3 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, la falta de acción ha llevado a que la Comisión calcule que España se desviará del techo de gasto marcado en el Plan Fiscal Estructural, lo que podría tener repercusiones negativas en el acceso a los fondos europeos.
La situación se complica aún más con el contexto económico actual, donde el déficit público no ha logrado reducirse al 3% del PIB, quedándose en un 3,2%. Aunque la Comisión ha mostrado flexibilidad al considerar que este desvío es temporal, la presión para cumplir con los compromisos adquiridos sigue siendo alta. La falta de avances en la reforma fiscal podría resultar en la pérdida de fondos europeos, lo que afectaría gravemente la recuperación económica de España.
En resumen, la situación fiscal de España es un reflejo de la complejidad de la política actual y de los desafíos que enfrenta el Gobierno para implementar reformas necesarias. La presión de Bruselas y la inestabilidad política son factores que complican aún más la situación, lo que plantea un futuro incierto para el acceso a los fondos europeos y la sostenibilidad fiscal del país.
