La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha manifestado la necesidad de llevar a cabo una «pequeña investigación» para esclarecer los problemas que han surgido con las pulseras antimaltrato. Esta declaración se produce en un contexto donde se han reportado fallos significativos en el sistema que debería proteger a las víctimas de violencia de género. Díaz ha subrayado que, si se han producido errores, es fundamental que las víctimas afectadas reciban una compensación adecuada.
### La situación actual de las pulseras antimaltrato
Las pulseras antimaltrato, que se utilizan para monitorizar a los agresores y garantizar la seguridad de las víctimas, han sido objeto de controversia tras la pérdida de datos críticos relacionados con órdenes de alejamiento. Desde el 20 de marzo de 2024, el sistema Cometa, encargado de controlar la ubicación de los agresores, ha sido incapaz de proporcionar información sobre casos anteriores a esa fecha. Este vacío informativo ha comprometido la capacidad del sistema judicial para procesar adecuadamente a los maltratadores, ya que se ha perdido evidencia crucial para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento.
Díaz ha defendido que, a pesar de los problemas, el mecanismo de las pulseras debería estar funcionando correctamente, aunque ha reconocido que su información proviene del Ministerio de Igualdad. «Es conveniente que se esclarezca todo lo que ha pasado durante estos meses de aplicación de un sistema que parece que no funcionaba correctamente», ha afirmado. La vicepresidenta ha insistido en la importancia de investigar a fondo para entender la magnitud de los fallos y garantizar que las víctimas no queden desprotegidas.
### Responsabilidades y consecuencias
La situación ha puesto en el punto de mira a las ministras de Igualdad, tanto a la actual, Ana Redondo, como a su predecesora, Irene Montero. La gestión del sistema de seguimiento telemático de órdenes de alejamiento ha sido criticada, y el Partido Popular ha exigido la dimisión de Redondo por su responsabilidad en estos errores. Sin embargo, Montero también ha sido señalada por haber promovido el uso de las pulseras defectuosas durante su mandato, lo que ha generado un debate sobre la eficacia de las políticas implementadas para proteger a las mujeres.
Los fallos técnicos reportados por el centro Cometa incluyen la congelación de la ubicación de los agresores durante períodos prolongados y errores en la precisión geográfica del GPS. Estas deficiencias no solo han puesto en riesgo la seguridad de las víctimas, sino que también han expuesto a las mujeres a una doble revictimización, ya que se ven obligadas a lidiar con un sistema que debería protegerlas pero que, en cambio, las deja vulnerables.
Díaz ha enfatizado que, si se han producido fallos, es esencial que se lleve a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido y garantizar el derecho a la reparación de las víctimas. «Si hubo mujeres que se vieron perjudicadas por estos fallos, desde luego, como es lógico, el derecho a la reparación debe ser garantizado», ha declarado. Esta postura refleja una creciente preocupación por la protección de las mujeres y la necesidad de que el Gobierno asuma la responsabilidad por los errores cometidos en la implementación de políticas de igualdad.
La situación actual plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas adoptadas para combatir la violencia de género y la necesidad de una revisión exhaustiva de los sistemas de protección existentes. La falta de información y la incapacidad del sistema para proporcionar datos precisos sobre los agresores son cuestiones que deben abordarse con urgencia para evitar que más mujeres se conviertan en víctimas de un sistema que no cumple con su función.
La presión sobre el Gobierno para que actúe y garantice la seguridad de las víctimas de violencia de género es más fuerte que nunca. La exigencia de una investigación y la necesidad de compensar a las afectadas son pasos cruciales para restaurar la confianza en un sistema que ha fallado en su deber de proteger a las mujeres. La respuesta del Gobierno a estas demandas será fundamental para determinar el futuro de las políticas de igualdad y la protección de las víctimas en España.
