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Un Gobierno que tiene como ‘enemiga’ a la Constitución

GRAF7099. MADRID, 04/01/2020.- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, bajo la mirada del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (d), abandona la tribuna tras su intervención ante el pleno del Congreso de los Diputados en la primera jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. EFE/Emilio Naranjo

Rufián, con la chulería de quien tiene al Gobierno rehén, advirtió de que sin mesa para la autodeterminación, «no habrá legislatura».

Celebrado por primera vez en fin de semana, víspera de la festividad de Reyes, casi de tapadillo vergonzante en un gesto más de claudicación ante ERC, se está celebrando el debate de investidura que, previsiblemente, acabará con Pedro Sánchez como presidente el martes y con un Pablo Iglesias como número dos que, ayer, recuperó su tono más biliar para empezar a hacer frente a sus «enemigos»: jueces, medios de comunicación, poderes económicos… Pareciera que empieza a ser una realidad su legendaria advertencia cuando coqueteaba con que Podemos asaltara los cielos: «El miedo va a cambiar de bando».

España volverá a tener así Gobierno tras más de un año y medio de una parálisis que comenzó el mismo día en que la moción Frankenstein descabalgó a Rajoy. Pero ni ello equivale, por primera vez en nuestra etapa democrática, a que esté garantizada la gobernabilidad, antes al contrario, ni se disipan sino que se agravan enormemente la crisis institucional que padecemos y el riesgo de quiebra de nuestro ordenamiento constitucional. Parafraseando libremente la célebre cita de Julián Marías, habrá Gobierno, pero no habrá merecido la pena. Hoy los españoles no tienen más motivos para confiar en el inmediato porvenir de este país.

Máxime porque, tras lo escuchado ayer en el Congreso de boca de quien va a ocupar la vicepresidencia del Gobierno, el frentismo vuelve a instalarse en el debate público y la izquierda radical está decidida a agitar discursos del miedo y a presionar con un activismo callejero que sustituya los mecanismos institucionales formales. Lo advirtió Pablo Iglesias, que, a la vez en que jaleó en el Hemiciclo a «políticos exiliados» y a quienes cumplen condena por gravísimos delitos como el de sedición -en alusión a Junqueras y otros líderes independentistas que ahora van a ser glorificados desde la misma Moncloa-, no tuvo empacho en tachar de «enemigos» a jueces, medios de comunicación y «poderes económicos». En realidad, la que se ha acabado convirtiendo en enemiga de los nuevos socios del primer Gobierno de coalición es la Constitución misma y el marco jurídico-institucional que de ella emana.

El PSOE ha abdicado por desgracia de su papel medular en el sistema felizmente alumbrado en 1978 y mutado hacia un irresponsable populismo que deja debilitada la bandera constitucionalista cuando más necesaria es su defensa para que la nuestra siga siendo una nación de ciudadanos unidos por la igualdad. Resultó especialmente certera la intervención, en ese sentido, del líder popular, Pablo Casado. Es Sánchez el máximo responsable de esta mudanza desde el corazón del constitucionalismo hasta inusitados márgenes antisistema como estrategia sin escrúpulos para mantenerse en el poder. Pero no es el único responsable. La historia juzgará el silencio cobarde de tantos socialistas que están decididos a estrellarse con su Ulises contra las rocas. Qué colores les sacó una valiente Ana Oramas que, coherente con sus principios, votará no a «arrodillarse ante el independentismo» y a una «ofensa» a todas las comunidades autónomas. También desenmascaró en una vibrante intervención Inés Arrimadas, de Cs, a los socialistas al ponerles frente al espejo de la contradicción que representa intentar vender como «progresista» un pacto con los nacionalistas etnicistas más reaccionarios. El aún presidente en funciones sabe que humilla al conjunto de los españoles cuando llega a pactos inadmisibles con partidos como ERC o Bildu; cuando da un volantazo populista en materia económica para satisfacer a Podemos;y cuando desacredita a las instituciones del Estado porque éstas son el único freno democrático a cuantos pretenden erigirse por encima de la Ley que a todos nos obliga tanto como nos protege. Fueron intolerables las descalificaciones contra la Junta Electoral Central y la frivolidad de tachar de «artimañas jurídicas» los mecanismos del Estado de derecho.

Comenzó el debate con un prolijo discurso del candidato que fue un estéril intento de escapismo. Casi dos horas para repetir muchas promesas tantas veces escuchadas como incumplidas por sus predecesores y abusar de golpes de efecto en la mejor tradición sectaria de polarización como fue el anuncio de expropiación del Pazo de Meirás. Y todo para pasar de puntillas sobre el asunto clave que exigía una explicación inequívoca: en qué consiste el pacto con ERC. Es una anomalía democrática y una vergüenza que los socialistas sigan escamoteando qué van a conceder a los independentistas en una transacción bilateral, como si fueran gobiernos de dos estados.

La soberanía nacional no se puede cuartear, pero Sánchez está decidido a desnaturalizar una Nación de más de cinco siglos que ni es «discutible y discutida» ni una mera suma de «identidades nacionales». Por lo pronto, vamos hacia un vaciamiento de la Constitución misma para lograr un fin imposible: saciar la voracidad de los independentistas. Quim Torra, instalado en el desacato, lo dejó claro ayer en el Parlament: la hoja de ruta secesionista no se toca. En paralelo, Rufián, en el Congreso, avisaba que ERC no se conforma sino con la «independencia». Con la chulería de quien sabe que tendrá al Gobierno -y a todos los españoles- como rehén, advirtió de que sin mesa bilateral inmediata para abordar la autodeterminación, «no habrá legislatura». Sánchez y los suyos, en sus escaños, ni se inmutaron ante el chantaje. Debe de ser ya efecto del insomnio.