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El Supremo sanciona a un hombre por “violencia económica” por no abonar la pensión alimenticia

Fachada del Tribunal Supremo.
Fachada del Tribunal Supremo.

NIUS Diario

  • Condena al acusado a seis meses de prisión y a la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena

Se calcula que dejo de pagar 34.639,04 euros en concepto de pensión alimenticia y el Supremo le ha condenado por ello. Considera el Alto Tribunal este impago como “violencia económica” y le condena por ello a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (no podrá ser elegido para ningún cargo) durante el tiempo de la condena.

Además mantiene la condena por el delito de alzamiento de bienes por haberse despatrimonializado dolosamente, fijando la pena de un año y seis meses de prisión. Tendrá que pagar una multa de 14 meses con cuota diaria de 10 euros por día de sanción, con responsabilidad personal subsidiaria del artículo 53 del Código Penal en caso de impago

El impago de pensiones también es violencia contra la mujer según está recogido en un informe del Ministerio del Interior, sobre todo cuando se considera que el denunciado tiene capacidad económica para asumir el pago y no lo hace para ocasionar daño psicológico.

El impago de la pensión es delito de género

Con respecto a la condena por delito de impago de pensiones señala el Tribunal Supremo que existe éste por dejar de pagar la pensión alimenticia en cuantía que ascendía a la suma de 34.639,04 euros por las pensiones de alimentos impagadas, apuntando que este delito “puede configurarse como una especie de violencia económica, dado que el incumplimiento de esta obligación deja a los propios hijos en un estado de necesidad en el que, ante su corta edad, y carencia de autosuficiencia, necesitan de ese sustento alimenticio del obligado a prestarlo, primero por una obligación moral y natural que tiene el obligado y si ésta no llega lo tendrá que ser por obligación judicial.

Señala el Supremo que el incumplimiento al no pagar la pensión “ejerce una doble victimización”, a saber: sobre los hijos como necesitados de unos alimentos que no reciben y sobre el progenitor que debe sustituir al obligado incumplidor por tener que cubrir los alimentos que no presta el obligado a darlos.

El Alto Tribunal también asegura que ha habido ocultación y sustracción de los bienes y activos pertenecientes para evitar paga porque hubo “intencionalidad en las maniobras de despatrimonialización de sus bienes”.

La condena

El Tribunal Supremo le condena a seis meses por el delito de impago de pensiones y en el alzamiento de bienes a  un año y seis meses. El condenado también se verá afectado por “una  inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”. Es decir no podrá ser elegido para ningún cargo público mientras dure el tiempo de su condena.

La sentencia ha sido dictada por una Sala formada por los magistrados Julián Sánchez Melgar (presidente), Juan Ramón Berdugo, Vicente Magro (ponente), Carmen Lamela, y Ángel Luis Hurtado.