Sanchez expolia la cuenta de las pensiones y la deja vacía

pedro sanchez

El Gobierno también utilizará 6.300 millones de euros del préstamo de Hacienda a la Seguridad Social, hasta agotar el crédito de 13.830 millones.

El Gobierno recurrirá en diciembre otra vez al Fondo de Reserva de las pensiones para poder abonar a los jubilados la paga extraordinaria de Navidad. El Ejecutivo utilizará en torno a 3.000 millones de euros. Con ello, la hucha de las pensiones tendrá ya sólo 2.000 millones de euros, según las fuentes gubernamentales consultadas por Peridico Información.

Con todo, al dejar esa cuantía en el Fondo de Reserva el Gobierno consigue retrasar, por lo menos hasta julio del año que viene, el cierre de la hucha. En campaña electoral, éste es un hecho relevante, pues evita que la oposición esgrima en sus ataques que el Ejecutivo de Sánchez pasa a la historia de las pensiones como el que cerró el Fondo de Reserva.

Precisamente, en la paga extraordinaria de verano -en julio- el Ejecutivo evitó recurrir a la hucha de la Seguridad Social. Hizo frente a la misma, con 7.500 millones de euros procedentes del crédito anual de 13.830 millones de euros, que Hacienda concedió al sistema de protección social para poder pagar las pensiones. Además, también utilizó los ingresos corrientes por cotizaciones sociales debido al crecimiento de la afiliación en la Seguridad Social.

En 2011, en el último año del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social llegó a su costa más alta, con 66.815 millones de euros. A partir de ahí, la hucha de las pensiones empezó a bajar como consecuencia de la destrucción de empleo, y de la caída de los ingresos por cotizaciones sociales.

Retirada de recursos

El descenso de la ocupación en 3,5 millones de trabajadores por la crisis económica ha obligado a los gobiernos del PP y del PSOE a retirar recursos de la hucha de las pensiones hasta dejarlo en el nivel actual de 5.000 millones de euros. Cantidad que en Navidad se quedará en 2.000 millones, después de la decisión del Gobierno para pagar a los pensionistas.

Por lo tanto, lo más probable es que el Fondo de Reserva desaparezca el próximo año. Sobre todo, porque los pronósticos de todos los organismos nacionales e internacionales apuntan a que va a continuar el enfriamiento de la economía y la ralentización del empleo.

Sin embargo, los 3.000 millones de euros del Fondo de Reserva no serán suficientes para poder complementar las nóminas de las pagas ordinarias y extraordinarias de Navidad. Por esta razón, y según las mismas fuentes, el Ejecutivo también utilizará los 6.330 millones de euros restantes del crédito extraordinario de 13.830 millones, que Hacienda concedió este año para poder pagar las pensiones.

En consecuencia, el gasto en pensiones agotará por tercer año consecutivo el crédito extraordinario anual que Hacienda concede a la Seguridad Social para abonarlas. En los tres últimos años, los préstamos ascienden a una suma total de 37.660 millones de euros que, en principio, el sistema de protección deberá empezar a devolver a partir de 2030. Bien es verdad que la Seguridad Social nunca devolvió los préstamos que, por un valor actual superior a los 17.000 millones de euros, le prestó Hacienda en la década de los 90 por el déficit de la Sanidad. Es decir, cuando las cotizaciones sociales financiaban esta prestación.

Con el Gobierno del PP, las cuantías fueron de 10.192 millones de euros, en 2017, y de 13.380 millones, en 2018. La misma cantidad que para 2019, pues hay que recordar que los presupuestos de 2018 fueron prorrogados. Si no hubiera sido así, el préstamo previsto para este año era de 15.100 millones de euros.

Por todas estas razones, si el PSOE puede gobernar tras las elecciones del 10 de noviembre pretende fortalecer los ingresos de la Seguridad Social por varias vías.

La primera es instaurar un impuesto específico, o dedicar una parte de los existentes, a financiar la Seguridad Social. Entre otras figuras tributarias, el Gobierno dejó pendiente en la última legislatura la instauración de un impuesto a las transferencias financieras. Su previsión de ingresos, en un año completo, es de 850 millones de euros.

La segunda vía que estudia el Ejecutivo para la próxima legislatura, y que tiene el respaldo del Pacto de Toledo, es reordenar los ingresos y los gastos.

Por ejemplo, hacer un reforma profunda de las cuantiosas ayudas a la creación de empleo, reduciendo las bonificaciones y reducciones de cotizaciones. Incluso, que sean los impuestos, y no las cotizaciones sociales, los que paguen esta parte de las políticas activas de empleo. Su coste asciende a 3.358 millones de euros. En esto también coincide la Autoridad Fiscal (Airef). El Gobierno también considera que los impuestos deben financiar prestaciones como la maternidad y la paternidad. En 2021 está previsto que el permiso de paternidad llegue a las 16 semanas.

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