Sánchez apura en Moncloa y gasta otros 600 millones

pedro sanchez gritando

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en la práctica ya en funciones, pero apura con el BOE. En sus últimas semanas antes de las elecciones quiere seleccionar las medidas más populares de sus tumbados Presupuestos y aprobarlas en táctica electoral, pese a que es consciente del fuerte desvío de este año en el objetivo de déficit.

En su primer mitin tras convocar elecciones, Sánchez anunció en Sevilla que aprobará antes de iniciar la campaña el subsidio a los parados mayores de 52 años, con un coste anual estimado de 300 millones; y también la cotización a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales de personas dependientes, con un coste similar. Se trata de medidas sociales loables que habían quedado tumbadas en los Presupuestos, pero que son estructurales y para ser aprobadas ahora deberían ir acompañadas lógicamente de aumentos de ingresos u otros recortes de gastos para no elevar aún más el agujero de las cuentas públicas. La propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifra en 13.200 millones el desvío que habría que arreglar este año para cumplir con el déficit pactado.

Tampoco augura seriedad en la campaña que el líder del PP, Pablo Casado, prometa «nada más llegar a Moncloa» bajar impuestos pese a la actual situación de las cuentas públicas. Según Kathrin Muehlbronner, vicepresidenta de la agencia Moody’s especializada en España, «el déficit estructural español es uno de los más altos de la Eurozona y la búsqueda de medidas estructurales para encauzarlo con solidez es un desafío esencial para cualquier futuro gobierno».

No es sólo este reto. Al convocar las elecciones el 28 de abril, el presidente se anticipa a las señales de alerta de freno económico que muestran que no podía permitirse estirar la legislatura ni siquiera hasta el otoño. Además de la mala EPA del pasado enero, España lidera ya en la Eurozona tanto la caída de la producción industrial como de venta de automóviles, que son indicadores considerados de peso.

«La situación de la economía española este otoño va a ser mucho peor que ahora por la caída de la demanda en un sector fundamental como es el automóvil y porque las exportaciones van a sufrir con la Eurozona y el Brexit», asegura a este diario el jefe del servicio de estudios de Repsol, Antonio Merino.

El Ministerio de Economía discrepa y en su último boletín asegura que se está produciendo «una estabilización del crecimiento económico». No menciona que España ha registrado, junto a Irlanda, el peor retroceso (6,7%) del Índice de Producción Industrial de la UE en 2018, según Eurostat. Ni tampoco que, según la patronal automovilística europea, las matriculaciones de automóviles han caído en la UE en enero un 4,6%, debido sobre todo al desplome de España (8%), por encima de Italia -que está en recesión-, Francia y Alemania en una tendencia creciente estos meses. «Los mensajes políticos de demonización del sector están haciendo mucho daño. Los consumidores dudan en comprar un coche y terminan no haciéndolo u optando por uno barato de más de 15 años a la espera de que se aclare la actual confusión», critica el vicepresidente de la patronal española Anfac, Mario Armero. Éste constató el jueves en Bruselas que la Comisión Europea estudia ya su denuncia contra el último ataque socialista al automóvil, el del Gobierno balear. Su Ley de Cambio Climático prohibirá en Baleares a partir de 2025 a los vehículos diesel en probable vulneración de las reglas europeas de libre circulación.

Anfac se encomienda a Bruselas ante la inacción del Consejo de Unidad Mercado del Ministerio de Economía. «No nos han dado respuesta», confirma Armero. Nadia Calviño desaparece y ni siquiera contiene a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Ésta jaleó el pasado día 12 la decisión balear como «notición» en su cuenta de twitter, aunque es de imaginar que con bronca posterior matrimonial en su casa, puesto que su marido, Mariano Bacigalupo, es actual consejero de la Comisión de Competencia, que advirtió a Baleares de que su Ley contiene aspectos «sustancialmente discriminatorios» y debe retirarse.

El reto del cambio climático es de importancia incuestionable, pero España es, milagrosamente aún, el segundo fabricante europeo de automóviles y es crucial medir bien el impacto de las medidas. El Gobierno entrante deberá arreglar el déficit y evitar el frenazo económico. Difícil.

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