La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha presentado un análisis detallado sobre el reciente proyecto de ley del Gobierno español que busca reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Este análisis incluye 19 propuestas que buscan mejorar la normativa y abordar las preocupaciones de diversos sectores. Entre las sugerencias más destacadas se encuentra la propuesta de retrasar la entrada en vigor de la ley por tres años y la ampliación del número máximo de horas extraordinarias permitidas.
Los autores del estudio, Jesús Lahera y José Ignacio Conde-Ruiz, ambos catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, argumentan que estas modificaciones son necesarias para facilitar un acuerdo político y mejorar la negociación colectiva. Según ellos, la actual propuesta del Gobierno podría beneficiarse de un diálogo más amplio que incluya a todos los actores relevantes en el ámbito laboral.
### Propuestas para la Reducción de la Jornada Laboral
Una de las propuestas más significativas es la creación de bolsas de horas negociadas que permitan a las empresas establecer jornadas laborales que oscilen entre las 37,5 y 40 horas semanales. Esto permitiría una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades de cada sector y empresa. Además, sugieren que la entrada en vigor de la nueva normativa se realice en un plazo de tres años, lo que daría tiempo a las empresas para adaptarse a los cambios.
Fedea también propone eliminar el límite legal de 80 horas extraordinarias anuales, siempre que estas sean acordadas en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo. Esta medida busca dar más libertad a las empresas para gestionar su plantilla y responder a picos de demanda sin incurrir en sanciones.
Además, se sugiere habilitar mecanismos de adaptación empresarial ante el cambio normativo, lo que podría incluir la posibilidad de negociar condiciones específicas en función de las características de cada sector. También se plantea la necesidad de evitar automatismos en los contratos a tiempo parcial y en las jornadas reducidas, así como ampliar el margen de distribución irregular de la jornada laboral.
### Registro Horario y Desconexión Digital
Otro aspecto importante del análisis de Fedea es el registro horario que se incluye en la nueva normativa. Los autores proponen un reconocimiento legal del uso de huella dactilar como medio de identificación para el registro de horas trabajadas. Además, sugieren la implementación de un plan de ayudas públicas para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) puedan adoptar el registro digital de manera efectiva.
El informe también menciona la necesidad de solicitar un informe previo de la Agencia de Protección de Datos (AEPD) antes de habilitar el control remoto de la Inspección de Trabajo, asegurando así que se respeten los derechos de los trabajadores. Asimismo, se plantea la posibilidad de sustituir la sanción por trabajador afectado por una elevación directa de las cuantías de las multas, lo que podría incentivar a las empresas a cumplir con la normativa.
En cuanto al derecho a la desconexión digital, Fedea propone tres medidas clave: el reconocimiento explícito de los protocolos de empresa, la prioridad de la negociación colectiva y la necesidad de evitar la imposición legal de la no comunicación de la empresa como norma general. Estas medidas buscan proteger el tiempo personal de los trabajadores y garantizar que no se vean obligados a estar disponibles fuera de su horario laboral.
El análisis de Fedea subraya la importancia de encontrar un equilibrio entre la reducción de la jornada laboral y la necesidad de flexibilidad en el entorno laboral actual. Las propuestas presentadas buscan no solo mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, sino también asegurar que las empresas puedan adaptarse a los cambios sin comprometer su viabilidad económica.
En resumen, el estudio de Fedea plantea un enfoque más matizado y flexible hacia la reducción de la jornada laboral, que podría beneficiar tanto a trabajadores como a empleadores. La implementación de estas propuestas podría facilitar un diálogo más constructivo entre las partes interesadas y contribuir a un marco laboral más justo y equilibrado en España.
