La gestación subrogada ha sido un tema controvertido en España, y recientemente, el Gobierno ha dado un paso decisivo para limitar esta práctica. A partir del 1 de mayo, una nueva instrucción del Ministerio de Justicia establece que las sentencias extranjeras que validen contratos de gestación por sustitución no serán aceptadas en el Registro Civil español. Esta medida busca cerrar una vía que había permitido la inscripción de más de 2.500 bebés nacidos a través de esta práctica en el extranjero, a pesar de que es ilegal en el país.
### Contexto Legal de la Gestación Subrogada en España
Desde la aprobación de la ley de reproducción asistida, los contratos de gestación subrogada son considerados nulos en España, independientemente de si hay o no una contraprestación económica. La ley establece que la mujer que da a luz es la madre legal del niño, aunque permite que los padres biológicos reclamen su paternidad si pueden demostrar que han aportado sus gametos. Esta disposición ha sido la base para que muchas parejas hayan podido inscribir a sus hijos nacidos por gestación subrogada en el Registro Civil, siempre que contaran con una resolución judicial que determinara la filiación del bebé.
Sin embargo, la situación ha cambiado drásticamente tras una sentencia del Tribunal Supremo en diciembre de 2024, que rechazó la posibilidad de que una sentencia extranjera pudiera facilitar la inscripción de niños nacidos por esta práctica. Los jueces argumentaron que los contratos de gestación subrogada implican la explotación de la mujer y afectan negativamente los intereses del menor. Esta decisión ha sido fundamental para la nueva instrucción del Ministerio de Justicia, que busca prevenir que ciudadanos españoles eludan la prohibición de la gestación subrogada practicando en el extranjero.
### Implicaciones de la Nueva Instrucción
La nueva normativa no solo prohíbe la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada a través de sentencias extranjeras, sino que también establece que las solicitudes pendientes de inscripción serán rechazadas a partir de la publicación de la instrucción. Esto significa que las familias que hayan recurrido a esta práctica en el extranjero ya no podrán formalizar la filiación de sus hijos en España, lo que representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan estos casos.
Los menores que nazcan a partir de ahora podrán viajar a España si cuentan con los permisos y pasaportes correspondientes, pero la determinación de su filiación deberá seguir los procedimientos legales establecidos en el país. Esto incluye la filiación biológica, en caso de que alguno de los progenitores sea el padre o la madre biológica, o la adopción posterior si se demuestra la existencia de un núcleo familiar con garantías suficientes.
El Ministerio de Justicia ha declarado que el objetivo de esta instrucción es proteger el interés superior del menor y evitar su mercantilización. Esta medida ha sido recibida con satisfacción por parte de muchos sectores, incluidos grupos feministas que han abogado por la derogación de la instrucción de 2010 que permitía la inscripción de bebés nacidos por gestación subrogada.
La derogación de esta instrucción es vista como un triunfo para el movimiento feminista, que ha argumentado que la gestación subrogada es una forma de explotación de las mujeres, especialmente en contextos donde las condiciones económicas son precarias. La nueva regulación busca garantizar que se respeten los derechos de las mujeres y de los menores, evitando que se conviertan en mercancías en un sistema que puede ser abusivo.
Con estas nuevas regulaciones, España se alinea con otros países que han tomado medidas similares para restringir la gestación subrogada. La discusión sobre este tema continúa siendo relevante en la sociedad española, donde se enfrentan diferentes perspectivas sobre la reproducción asistida y los derechos de las mujeres. La implementación de esta instrucción marca un nuevo capítulo en la legislación española sobre la gestación subrogada, con un enfoque claro en la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas involucradas.
