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Los sindicatos, en silencio ante la última estafa del gobierno socialista

ALBERTO SIERRA

Por primera vez desde 2017, no hubo huelga feminista este año por el 8-M. La reacción tras el pacto del Ejecutivo con Bildu, que dinamitó el diálogo social, fue tímida. Con 5,2 millones de ERTEs y despidos por la pandemia, UGT y CCOO mantienen una actitud comprensiva y evitan las movilizaciones

Desde la investidura de Pedro Sánchez en enero, y con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno junto al PSOE, los sindicatos han mantenido un perfil bajo. Frente a la crispación política, durante la crisis del coronavirus han optado por mostrarse comprensivos con el Ejecutivo y evitar movilizaciones que puedan aumentar la presión social, a pesar de que hay al menos 3,7 millones de trabajadores en ERTE y de que el paro ha aumentado hasta afectar ya a 3,8 millones de españoles.

Con el diálogo social en marcha y un Gobierno dispuesto a modificar, al menos, «las partes más lesivas» de la reforma laboral, la primera muestra de conciliación de los sindicatos hacia el Ejecutivo de PSOE y Podemos se produjo el pasado 8 de marzo. Por primera vez desde 2017, no hubo convocatoria de la huelga feminista que, según CCOO y UGT, fue secundada por 6 millones de mujeres el pasado año.

Tampoco pasaron de mostrar su estupor y sorpresa por el polémico pacto suscrito el mes pasado entre el Gobierno y Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral. Un acuerdo parlamentario que hizo saltar el diálogo social, con la CEOE levantándose de la mesa de negociación.

Con 3,7 millones de ERTE, y a pesar de que el paro ha aumentado en 600.000 personas durante la pandemia de coronavirus, UGT y CCOO se han mostrado comprensivos y han evitado movilizaciones que puedan aumentar la presión social sobre el Gobierno. Y eso, incluso, a pesar de que aún hay al menos 143.000 trabajadores que aún no han cobrado la prestación por ERTE y llevan tres meses sin ingresos, como adelantó Vozpópuli.

ERTE sin cobrar

«Entre ERTEs y ceses de actividad se han tramitado más de cinco millones de prestaciones. No ha habido nunca en la historia un volumen de tramitaciones tan grande», afirma a este diario Carlos Bravo, secretario de protección social y políticas públicas de CCOO.

El mismo argumento ha defendido públicamente el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en recientes intervenciones televisivas. Los dos sindicatos mayoritarios no han pasado de pegarle un tirón de orejas al Gobierno por su falta de «transparencia» a la hora de maquillar la cifra de personas que aún no han percibido la prestación por ERTE, y han reclamar públicamente un refuerzo en la plantilla del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).

«Necesitamos que haya transparencia por parte del Ejecutivo», añade el secretario de protección social y políticas públicas de CCOO. «La percepción que tenemos, por el volumen de incidencias y llamadas que recibimos de nuestros afiliados, es que el volumen de afectados es mucho mayor a las 20.000 trabajadores que dice el Gobierno que quedan por cobrar el ERTE, pero tampoco son un millón de afectados como dice alguna asociación de asesores fiscales».

Mientras el Gobierno afirma haber tramitado y pagado más de 3,7 millones de prestaciones por ERTE, y que tan sólo queda un 1,5% de solicitudes por tramitar, UGT aseguraba la semana pasada que aún son 180.000 los empleados pendientes de que se tramite su prestación de ERTE. Cifra el que principal sindicato de funcionarios, CSIF, eleva a 200.000.

«Lo que esto ha evidenciado es que es necesario reforzar la plantilla del SEPE, que en los últimos años había sufrido recortes del 25%», indica Bravo.

En la misma línea, la federación de servicios públicos (FeSP) de UGT ha cifrado en 11.500 los efectivos que «al menos» necesita el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para atender adecuadamente a los ciudadanos. «De 2010 a la actualidad se ha pasado de 10.500 a menos de 8.000 trabajadores», señalan desde UGT.

Amagan con movilizaciones

Las fuentes sindicales consultadas por este diario indican que tanto el problema con las tramitaciones, como  la prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio, y medidas como la de hacer que no compute en la prestación de los desempleados el tiempo que hemos estado en estado de alarma, son algunas de las medidas que están poniendo sobre la mesa del diálogo social.

De ahí que, a pesar del conformismo demostrado durante lo que va de legislatura, mantengan abierta la puerta a posibles movilizaciones durante los próximos meses ante la crisis que se avecina.

«Es posible que se puedan producir movilizaciones, no lo descartamos. Pero no sólo por los ERTE sino también por otro tipo de medidas de refuerzo social que son necesarias y por un gran pacto para reactivar la industria», indica Carlos Bravo. «Por supuesto que tiene que haber presión social y nosotros vamos a estar a la cabeza», agregra.