Portada » Los grandes inversores de energías renovables ponen en jaque a la Toscana valenciana
Variado

Los grandes inversores de energías renovables ponen en jaque a la Toscana valenciana

'Terres dels Alforins', paraje también conocido como la Toscana valenciana
'Terres dels Alforins', paraje también conocido como la Toscana valenciana

Miguel Francés – NIUSDiario

  • Hace tres meses, un grupo de grandes inversores vio en este pequeño paraíso valenciano un buen lugar para instalar macroplantas fotovoltaicas

  • “Se está exprimiendo el concepto de energía renovable para hacer grandes instalaciones fotovoltaicas que no benefician al medio ambiente”, explica Jorge Olcina, experto climático y catedrático de la Universidad de Alicante

  • Los viticultores, a favor de las energías renovables, piden prudencia a la hora de iniciar estos proyectos

La energía renovable es el futuro. El cambio climático acecha y la solución pasa por aprovechar los recursos solares. Grandes grupos inversores buscan zonas en nuestro país para instalar macroplantas fotovoltaicas. Estos proyectos, a priori, podrían solucionar el problema. Pero si las instalaciones se llevan a cabo en zonas paisajísticas, el remedio puede ser peor que la enfermedad.

Terres dels Alforins, una zona situada en el interior de la provincia de Valencia, es una de las víctimas de estos gigantes financieros. Se trata de un territorio formado por las poblaciones de la Font de la Figuera, Fontanars dels Alforins y Moixent.

Varios grupos inversores entraron hace tres meses en estas tierras conocidas por su buen vino y las grandes instantáneas que dejan sus cultivos de viñedos, olivos y cereales. Un paraje que recuerda a los campos italianos y que se ha ganado el nombre de Toscana valenciana. Durante los últimos treinta años sus viticultores y propietarios han luchado para poner esta zona en el mapa vinícola y turístico nacional e, incluso, internacional.

Ramón Mora, uno de los coordinadores del movimiento para frenar la entrada de los inversores, vive en un cortijo en Moixent. A su alrededor, tan solo hay campos de olivos y cereales. Ni rastro del barullo de la ciudad ni de torres de luz. Por ello, Ramón tiene unas pocas placas solares para tener electricidad en su casa.

A él, uno de los grupos inversores le ofreció hace unas semanas 1.500 euros al año por cada hectárea durante treinta y cinco años. Posee 50 hectáreas. En total, más de dos millones de euros. Ramón, al igual que casi todos sus vecinos, rechazó la propuesta. “Aunque es una oferta con la que me podría jubilar, creo que es una acción que no se debe realizar en este territorio”, explica.

Ramón vive en este cortijo de Moixent (Valencia), rodeado de hectáreas de campos de olivos y cereales

Uno de los vecinos de Ramón ha aceptado la propuesta del inversor. “Es muy difícil decir que no porque en su caso se trata de un agricultor de cereales, un sector donde se paga muy poco”, argumenta. La situación precaria en el campo tampoco ayuda y provoca que los trabajadores agrícolas, por mucho que les duela, acepten una oferta que probablemente les asegure el futuro.

Negocio a costa del cambio climático

“Se está exprimiendo el concepto de energía renovable para hacer grandes instalaciones fotovoltaicas que no benefician al medio ambiente”, afirma Jorge Olcina, activista climático y Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante. En estos casos, el experto explica que tiene que primar el aspecto ambiental. “Sorprende que las administraciones no hayan hecho todavía un plan director de energías alternativas para regular estas instalaciones”, añade Olcina.

La primera de las alternativas que propone el experto para situaciones como esta es la instalación de las plantas en otras zonas donde el terreno ya esté degradado o donde no haya un entorno paisajístico como la Toscana valenciana. “Las afueras de las grandes ciudades o zonas cercanas a polígonos industriales donde no hay un encanto por el paisaje podrían ser buenos terrenos”.

La otra alternativa que plantea es que sean los propios ayuntamientos los que gestionen, junto a las economías locales, la puesta en marcha de plantas fotovoltaicas con un tamaño acorde a lo que necesita la población local. “En un sistema capitalista como el actual las empresas privadas buscan el máximo beneficio, pero lo público tiene que intervenir para regularlo”, añade Olcina.

Las empresas privadas buscan el máximo beneficio, pero lo público tiene que intervenir para regularlo

Ramón y los afectados de la Toscana valenciana también apoyan las soluciones a pequeña escala para que sean los municipios quienes controlen la energía solar. “La economía local ha de ser la que se encargue de producir los recursos solares necesarios”, añade Ramón.

Cómo vender un vino rodeado de placas solares

Los afectados quieren evitar que los campos se llenen de placas fotovoltaicas, más carreteras, suelo degradado y líneas de alta tensión. Aseguran que estas actuaciones perjudican a la primera potencia económica de la zona: el vino. Un total de once bodegas se extienden en este territorio donde el día a día de los vecinos no se entiende sin el negocio de la uva.

“Nosotros cuando ofrecemos un vino, estamos vendiendo un paisaje. ¿Cómo vamos a venderlo si el cliente ve que los viñedos están rodeados de placas solares?”, pregunta Rafael Cambra, presidente de la asociación vinícola de Terres dels Alforins.

Campos de viñedos de la Toscana valenciana

“Un buen vino, sin un discurso y una historia, no vende. Tan solo pedimos que se actúe con prudencia”, apunta Cambra. Los bodegueros explican que para conquistar a los enoturistas y ganarse su confianza, necesitan contar un paisaje donde puedan hacer una cata de vinos rodeados de naturaleza.

No obstante, el sector no está en contra de las energías renovables, ni de su instalación, tal y como recalcan en un escrito dirigido a la Generalitat: “No podemos estar más de acuerdo con esta hoja de ruta. Somos viticultores y año tras año, campaña tras campaña, no dejamos de percibir estos efectos climáticos adversos en nuestros campos y en nuestros viñedos”.

Ahora, con diez proyectos y dos megaproyectos en pie por parte de grandes inversores y los ayuntamientos intentando cambiar la ley para frenar las instalaciones, la Generalitat tiene la palabra para decidir el futuro de la Toscana valenciana.