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Economia

Los españoles tenemos derecho a un Gobierno decente

Ábalos mintió hasta seis veces sobre la oscura visita de la vicepresidenta de Venezuela.

Desde que el Gobierno social comunista de Sánchez tomó posesión hace apenas tres semanas, no ha pasado un día en el que no haya sentido vergüenza, no por nosotros o por nuestro país, sino por quienes nos gobiernan, pues no han hecho sino acumular mentiras y decisiones destinadas a blanquear ilegalidades y a desprestigiar a nuestro país y a nuestras instituciones.

No habían tomado posesión los nuevos ministros cuando Sánchez anunció que nombraría Fiscal General del Estado a quien aún ejercía de Notaria del Reino. Esta designación, además del escándalo social y político que provocó, generó tal división en el Consejo General del Poder Judicial que la mayoría (12 frente a 7) no entró a valorar la idoneidad de la candidata y se limitó a declarar que la propuesta era legal: “A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en la candidata referida los requisitos exigidos por la legislación invocada”.

Cuando aún no nos habíamos repuesto, Sánchez comunicó que reformaría el Código Penal para rebajar las penas a los delincuentes sediciosos y prevaricadores que desde la cárcel le han hecho presidente. Y también para que les salga más barato el siguiente y prometido golpe contra la democracia. Tal desvergüenza tapó la anterior (son complementarias una ley y un fiscal complaciente con los delincuentes), pues la nueva decisión roza lo anticonstitucional, pues se pretende reformar el Código Penal para otorgar un indulto general a los golpistas que está prohibido por la Constitución, cuyo art. 62.i, al citar las facultades del Rey, señala que le corresponde “ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales”, lo que viene a ser una prohibición expresa de lo que pretende conseguir esta reforma, en la medida en que el indulto no se aplicará caso por caso, sino de forma automática una vez se apruebe y sin que los delincuentes afectados hayan de solicitarlo como medida de gracia.

Cuando aún estábamos digiriendo este nuevo desafuero, Sánchez anunció la inmediata constitución de una “mesa de diálogo” con los golpistas en la que, de igual a igual, Torra y él tomarían decisiones sobre el futuro de España que después someterían a votación… entre los catalanes. Sin pausa para respirar, Sánchez anunció que nada había cambiado por el hecho de que Torra hubiera sido inhabilitado primero por la Junta Electoral y después por el Tribunal Supremo. Sus planes de reunión con el inhabilitado seguían adelante porque el blanqueo de los delincuentes se ha convertido en marca de la factoría Sánchez.

A la vez, el PSOE, partido político del que Sánchez es jefe plenipotenciario, firmaba acuerdos con los testaferros de ETA tanto en Navarra como en otros lugares de Euskadi. Y aún no nos habíamos repuesto del asco cuando los diputados del PSOE en el Parlamento Europeo votaban en contra de que una comisión especial indagara sobre los 357 crímenes de ETA que todavía están sin esclarecer.

Y sin solución de continuidad nos sacudió un nuevo escándalo: el ministro Ábalos fue sorprendido en el Aeropuerto de Barajas entrevistándose de madrugada con la vicepresidenta del Gobierno de Maduro, que tiene prohibida la entrada a Europa por ser responsable de graves violaciones contra los Derechos Humanos. A nadie le extrañó que Ábalos, fiel discípulo de Sánchez, mintiera seis veces en un día sobre esa oscura visita a la número dos de la narcodictadura: como en la fábula del escorpión, en esta gente la mentira forma parte de su temperamento. Pero el escándalo político radica en que en el desafuero perpetrado por Ábalos están involucrados el ministro de Interior, la ministra de Exteriores y el propio presidente, que salió a defenderlo por haber “evitado una crisis diplomática”. ¿Cómo se puede decir que se ha evitado una crisis diplomática cuando se ha provocado una crisis democrática e internacional?

En este asunto queda mucho por esclarecer, y no sólo desde la perspectivo política, sino en el ámbito legal. Según el auto 55/1996, de 5 de marzo del Tribunal Constitucional -doctrina ratificada por el TEDH el 25 junio 1996 y, más recientemente, en mayo de 2017, por el TJUE- tanto el espacio aéreo como los aeropuertos están sometidos a la soberanía española. O sea, que el Gobierno de España ha infringido una resolución de la UE al consentir que ese avión y esa pasajera pisen suelo español y, por tanto, europeo.

Las autoridades europeas han declarado que es a España a quien corresponde actuar ante la violación de la legalidad europea que ha cometido el Gobierno de Maduro. Pero, ¿qué va a hacer el Gobierno de España si resulta que fue él mismo el “facilitador” de esa entrada en territorio prohibido? ¿Quién ha delinquido y quién ha instigado a cometer ese delito?

Y en esas estábamos cuando Guaidó llegó a Europa y fue recibido por todos los mandatarios europeos y nacionales, desde Macron hasta Merkel, pasando por Johnson. Y Sánchez anunció que él no le recibiría; y el presidente Guaidó fue recibido por la ministra de Exteriores en la Casa de América y no en dependencias del Gobierno. Y Sánchez se fue a los Goya.

Santiago González transcribía hace unos días en una magnífica entrega de su blog Los 11 Principios de la Propaganda de Goebbels. Con su permiso los copio a continuación y les animo a que comprueben el principio a que se corresponde cada una de las acciones de Sánchez y su propagandista de cabecera, el tal Iván Redondo.

Principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo.

Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada.

Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan.

Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave.

Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar.

Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: “Si una mentira se repite lo suficiente acaba por convertirse en verdad”.

Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones.

Principio de la verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de informaciones fragmentarias.

Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen el adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.

Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa “como todo el mundo”, creando una falsa impresión de unanimidad.

Los principios 1 y 7 condensan la política de Sánchez. España, los españoles, merecemos un Gobierno decente.