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La unidad antiblanqueo alertó en 2013, 2017 y 2018, de que la productora del vicepresidente podría estar recibiendo dinero de Irán.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Seplac) informó al Cuerpo Nacional de Policía en tres ocasiones – 2013, 2017 y 2018- sobre los vínculos de empresas sospechosas de lavado de dinero procedentes de Irán con la productora en la que trabajaba (y de la que cobraba) el ahora vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. 

La empresa es cuestión es 360 Global Media, que produce programas como La Tuerka Fort Apache, presentados por el líder de Podemos y que contaba con la presencia en ocasiones de personas de su entorno, como Juan Carlos Monedero.

Además, un juez de Madrid ha abierto diligencias para investigar a la cúpula de Podemos por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y administración desleal tras apreciar indicios de estos delitos en un atestado de la Guardia Civil que apuntaría a una caja B del partido morado.

Según informan este miércoles Fernando Lázaro en El Mundo y José María Olmo en El Confidencial, los lazos con Irán y una presunta caja B de Podemos ponen contra las cuerdas a Pablo Iglesias, que se encuentra ya inmerso en otro escándalo, el de Dina Bousselham.

Blanqueo de capitales

Tal y como cuenta El Mundo, la alerta de la conexión del líder de Unidas Podemos con Irán a través de la productora de La Tuerka se activó en 2013 tras la localización por parte del Seplac de la firma Fluvial Spain S.L., dedicada a la venta de material y software para aplicaciones militares y civiles, ya que podría estar saltándose la prohibición de actividades comerciales con Irán.

La investigación dio sus frutos, ya que se detuvo a dos personas y se identificó a 16 empresas que, sin vínculos entre ellas y ocho con sede en Dubai, transferían dinero -siempre menos de 40.000 euros- de forma periódica a 360 Global Media, la productora de los programas de Iglesias y que estaba dirigida por un iraní, Mahmoud Alizadeh Azimi.

Tras esto, el Seplac elaboró un informe que remitió a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional en el que se dejaba claro que Iglesias y el resto de colaboradores podrían estar recibiendo dinero de origen desconocido aunque vinculado con Irán a través de sociedades pantalla en lo que calificaron de un dinámica clara de blanqueo de capitales. Esta misma advertencia se plasmó en otros dos informes, que se remitieron años después, en septiembre de 2017 y en febrero de 2018.

Caja B de Podemos

Además de esta cuestión, el Juzgado número 42 de Madrid rastrea una supuesta caja B de Podemos, creada a través de una supuesta caja de solidaridad que recogía las donaciones de los dirigente y cuadros intermedios. También se detalla en el auto la contratación de una agencia de comunicación, Neurona Consulting, para la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2019, y que ya fue investigada por corrupción por Bolivia y para la que trabajó Juan Carlos Monedero. 

La investigación de esta caja B parte de una operación realizada a finales de 2019 en la que una entidad llamada #404 Comunicación Popular pidió 50.000 euros a la caja de solidaridad de Unidad Podemos para un proyecto social. Esta entidad no aparece en ningún registro y su único rastro es una web y perfiles en redes sociales. Ante esto, el juez ha pedido que se investigue “la persona física jurídica” que está detrás de #404 Comunicación Popular.

Todos los indicios, según informa El Confidencial, llevan al asesor de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo, Christian Navarro, del equipo de Rafa Mayoral que es quien gestionaba la caja de solidaridad de la que salieron esos 50.000 euros. También se sospecha de la gerente del partido, Rocío Val, su director financiero, Daniel de Frutos, y del director de Estrategia y Comunicación de Iglesias en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, Juanma del Olmo.