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La Justicia maneja tres delitos sólidos para imputar a Iglesias, Monedero y a Podemos al inicio de 2020

Fue un desafío de Pablo Iglesias, “quien tenga algo contra nosotros que acuda a la Justicia”, decía respondiendo a las acusaciones de dos exabogados de Podemos y ahora será realidad ‘gracias’ al Tribunal de Cuentas.

Primero fueron los sobresueldos, luego los contratos a una empresa investigada en Bolivia por “corrupción” y vinculada a Juan Carlos Monedero y finalmente las reformas en la sede del partido. Tres asuntos espinosos que sobrevuelan Podemos y que se investigan judicialmente e incluso policialmente.

La clave de todo, aseguran en Podemos, es la financiación. En el partido nadie se confunde: “El tema de sobresueldos puede considerarse un asunto ético, pero no ilegal”, explica un dirigente del partido. “Otra cosa –añade— es que exista una contabilidad B, como ocurrió en el PP, y eso sería ilegal”.

Entre sospechas, lo que sí hace fruncir el ceño es el tema de la financiación. Publica Vozpópuli que hay una relación entre una consultora, Neurona Consulting, en la que Monedero es “director”, y las campañas electorales. Fuentes del partido aseguran que existen “facturas infladas” de esta consultora a Podemos, en un entramado de flujo monetario que desde América (la consultora trabajó para Evo MoralesObrador y Maduro) acaba en Podemos.

En Bolivia, el nuevo Gobierno investiga Neurona por contratos sospechosos de 1,5 millones de euros. Cuatro funcionarios han sido arrestados y la exministra del gobierno de Morales se ha fugado a Argentina. La Ley de financiación de partidos fija: “Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. La falta puede llevar a un delito penal.

Los abogados cesados hablaron en su carta al Consejo Ciudadano Estatal de “irregularidades financieras”, y dirigentes podemitas aseguran que se refieren a los contratos a Neurona y a empresas vinculadas a la gerente, Rocío Val y a Rafa Mayoral. La cooperativa Kinema también podría haber recibido dinero incumpliendo la ley 9/2017, de contratos del sector público, con posible fraccionamientos para evitar el concurso público.

Esa misma ley sobre la financiación añade que el Tribunal de Cuentas deberá analizar todos los contratos de servicio de los partidos en sus campañas electorales. Esa es la autoridad encargada de vigilar que no haya facturas falsas o infladas.

El TC investiga las campañas electorales de las generales de abril de 2019 y las autonómicas de ese año (la de noviembre es  pronto para el análisis del Tribunal de Cuentas). Y de ahí que detecte un posible incumplimiento en la financiación de un partido que marcó en 2019 récords en recaudación de fondos a través de donaciones.

El tercero escalón atañe a las obras de la nueva sede de Podemos. Iglesias adjudicó unas obras por 600.000 euros, pero que costaron 1,3 millones de euros. Al tratarse de obras por más de 40.000 euros, Podemos debería haber actuado convocando una licitación y concurso abierto, tal y como recoge la ley 9/2017.