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La jueza procesa a seis exdirigentes y técnicos de UGT Asturias por un fraude de 1,46 millones en subvenciones

La titular del juzgado número 4 de Oviedo considera que hay indicios de cinco delitos relacionados con el desvío de fondos de los cursos de formación hacia el sindicato

Cinco delitos de fraude de subvenciones por un valor de 1,46 millones de euros. Esa es la conclusión a la que llega la jueza titular del juzgado de instrucción número 4 de Oviedo, que pide procesar a cuatro exdirigentes y dos técnicos de UGT Asturias por el caso de los cursos de formación, dando fin así a la instrucción del caso. La jueza firma un auto en el que da traslado a las partes para que formulen su escrito de acusación o pidan el sobreseimiento del caso. La primera de las opciones daría lugar a la apertura de juicio oral. La magistrada considera que hay «indicios» de que las seis personas encausadas «actuando concertadamente» llevaron a cabo «una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos procedentes de las subvenciones» que se les concedieron para cursos de formación. Unos fondos que, según la jueza, iban a parar al sindicato.

La operativa que describe la jueza en el auto se basa en el uso de «subterfugios con los que lograban enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían subvenciones del Servicio Público de Empleo, ocultando a la administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación del gasto» y utilizando para ello un entramado societario.

Las seis personas que la magistrada pide procesar son Justo Rodríguez Braga, exsecretario general del sindicato; Mónica Menéndez Vázquez, exsecretaria de Administración de UGT; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de Formación; María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de Localmur, una de las entidades del sindicato implicada en el caso; Alberto González Castaño, técnico encargado de la justificación de las subvenciones; y Silvia Sariego Ferrero, encargada de justificar las subvenciones en Ifes, otra de las entidades de UGT implicadas.

La jueza considera que, al menos en las subvenciones concedidas a UGT e Ifes entre 2010 y 2014, y a través de una serie de sociedades auxiliares de las que se servía el sindicato, se hincharon los precios de alquileres de locales y aulas «facturando un coste superior al valor del mercado». Además, en las subvenciones concedidas directamente a UGT, expone la jueza, se incluía en la justificación de los costes «gastos de personal laboral del sindicato que ninguna relación directa o indirecta habían tenido en las acciones formativas» subvencionadas.

El auto de la jueza señala que las cantidades presuntamente defraudadas por Ifes son 231.446 euros en 2010; 330.179 en 2011; 112.961 en 2013; y 83.276 en 2014. En lo que se refiere a UGT, entidad jurídica para la que también se pide el procesamiento, las cantidades son de 238.247, 254.521, 122.028 y 89.985 euros en cuatro subvenciones diferentes. En total, la suma es de 1,46 millones de euros.

En el auto, la jueza acuerda el sobreseimiento provisional de los investigados Carmen Caballero Díaz y Daniel Pedro Rodríguez Vázquez.

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