La Guardia Civil descubre una “enorme facturación falsa” de UGT

Guardia Civil

La causa contra UGT-A que investiga un juez de Sevilla acumula ya 20 imputados, tras la citación para el 2 de abril del director territorial de IFES, el instituto donde se impartían los cursos

La Fiscalía Anticorrupción aprecia una “ingente cantidad de facturación y documentación fraudulenta y falsa” presentada por la federación andaluza de UGT para “justificar” las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía.

Así lo recoge un escrito del Ministerio Público al que tuvo acceso EL MUNDO, fechado el 14 de enero, que consta en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla sobre la presunta trama urdida por UGT-A para desviar ayudas públicas. El magistrado Juan Jesús García Vélez comenzó investigar este asunto hace cinco años, tras las revelaciones periodísticas de este diario y otros medios.

Entre los escándalos publicados años atrás están las comilonas en la caseta del sindicato en la Feria de Abril costeadas con fondos públicos y los 700 maletines fabricados en Asia que la central sindical regaló a los asistentes a un congreso regional y que también fueron cargados a la Junta. Otras irregularidades achacables a UGT-A son los alquileres de aulas ficticios que utilizó, presuntamente, para justificar las subvenciones para cursos de formación y el polémico ‘bote’que los ‘ugetistas’ instauraron en su contabilidad para ingresar el dinero de las facturas infladas pactadas con sus proveedores de confianza.

Anticorrupción se refiere a la “facturación fraudulenta y falsa” de UGT-A en un escrito en el que defiende que se haya ampliado el plazo para investigar este caso. Tras la reforma legal de 2015, sólo si la causa es “compleja”, como así ha sido declarada la que afecta al sindicato, los jueces cuentan con 18 meses para instruirla que pueden ser prorrogados.

“El estándar en la duración del proceso ha de ser puesto en relación con la dificultad del mismo”, expone el fiscal Anticorrupción Fernando Soto, quien subraya cómo en este caso, “a las dificultades propias de un delito de esta naturaleza, se añade el hecho de ser un proceso donde se trata de someter a revisión y análisis una ingente cantidad” de facturación “falsa”.

La investigación judicial sobre la presunta trama urdida por UGT-A para desviar subvenciones lleva más de dos años paralizada, a la espera de que un perito dictamine la cuantía presuntamente malversada entre los años 2009 y 2013, periodo en el que al frente de la central sindical estuvieron Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Ambos figuran como investigados -antes imputados- en la causa. Según las fuentes consultadas por este diario, la pericialacaba de ser entregada en el juzgado, si bien todavía no la conocen todas las partes.

El fiscal, de hecho, afirma que “no alcanza a comprender la tardanza” del perito en elaborar el informe sobre las subvenciones presuntamente malversadas por el sindicato, si bien reconoce “la escasez de medios” que soporta el funcionario de la Junta nombrado.

Como informó este diario, la labor de este empleado público ha sufrido todo tipo de trabas durante la etapa de la socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta. El propio perito del caso UGT-A advirtió en un borrador de su informe presentado en septiembre de 2018 que “no ha tenido dedicación exclusiva” para hacer la pericial, ya que ha debido compaginarla con “su labor diaria de responsable de una intervención, primero como interventor provincial de Sevilla, y después como interventor delegado en la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad”.

No es el único inconveniente, ya que tampoco ha contado con la ayuda de otro “perito auditor” que “desde el primer momento se consideró necesario”. Hasta tres expertos han renunciado a auxiliarle.

En ese contexto, el fiscal Anticorrupción lamenta la “tardanzaen la elaboración del informe pericial, necesario a todas luces” para poder concluir la investigación sobre la presunta financiación irregular del sindicato.

Fuentes oficiales de UGT-A han indicado a este diario que el sindicato, como “organización, no está siendo investigado” y, de hecho, no está personado en la causa que tramita el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla. Las pesquisas judiciales se centran -argumenta esta fuente- en los antiguos responsables y “gestores” del sindicato que ahora no tienen nada que ver con la central. Sin embargo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró por orden judicial diversas sedes oficiales de UGT en Andalucía, no los domicilios privados de los ex secretarios regionales de esta central sindical.

20 IMPUTADOS

Tras el parón de varios años que acumula la instrucción del ‘caso UGT-A’, el juez ha citado para los próximos 1 y 2 de abril a testigos y a un nuevo investigado, Juan Francisco Alcaide, director territorial de Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), en el que se impartían los cursos de formación del sindicato. Precisamente en este instituto estuvo trabajando como administrativo el marido de Susana Díaz. Su nómina se cargó de forma irregular a las subvenciones concedidas por la Junta.

Con Alcaide este son ya 20 los imputados que acumula la causa. El último investigado que prestó declaración ante el juez fue Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de Soralpe, que compareció el 14 de septiembre de 2016.

La Fiscalía pidió su citación tras el análisis del atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que detalla la “facturación ficticia y elevada” de la que se sirvió UGT-A para justificar las subvenciones para los cursos. Entre los 20 investigados están los citados Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Ninguno ha testificado ante el juez. El primero, por la enfermedad que padece, y el segundo se acogió a su derecho a no declarar el 3 de noviembre de 2014.

Los 16 restantes fueron detenidos el 24 de junio de 2014, en la operación simultánea que hizo la UCO en varias provincias. Entre ellos está Federico Fresneda, tesorero de UGT-A durante 15 años entre 1998 y 2013; y María Charpín, ex vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal y ex secretaria de Gestión Económica del sindicato en Andalucía.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.