La pandemia de COVID-19 ha dejado una huella imborrable en el sistema de salud y en la atención a las personas mayores en España. Las residencias de ancianos se convirtieron en uno de los focos más críticos de la crisis sanitaria, y la gestión de estas instituciones varió significativamente entre las diferentes comunidades autónomas. Este artículo explora cómo la respuesta a la pandemia en las residencias de mayores ha sido un reflejo de la capacidad de cada región para anticiparse y actuar ante la emergencia sanitaria.
**Diferencias en la Gestión de Residencias**
Las cifras de mortalidad en residencias durante los primeros meses de la pandemia son alarmantes. En Madrid, más de 7.291 ancianos fallecieron en estos centros, lo que representa un porcentaje desproporcionado en comparación con otras comunidades. La estrategia del gobierno regional, liderado por Isabel Díaz Ayuso, se basó en la idea de que los ancianos no sobrevivirían en ningún lugar, lo que justificó la falta de traslados a hospitales. Esta postura ha sido objeto de críticas y ha llevado a la Fiscalía a investigar posibles negligencias en la gestión de la crisis.
En contraste, comunidades como Canarias, Asturias y Galicia implementaron protocolos más efectivos que resultaron en una mortalidad significativamente menor. En Canarias, por ejemplo, solo 175 ancianos fallecieron en residencias durante los tres años de pandemia, gracias a una combinación de medidas preventivas y una coordinación efectiva entre los departamentos de Sanidad y Servicios Sociales. La clave del éxito en estas regiones fue la anticipación y la creación de centros intermedios para atender a los ancianos positivos, así como la implementación de cribados masivos y un enfoque proactivo en la atención sanitaria.
**Protocolos y Coordinación: Claves del Éxito**
La diferencia en la mortalidad entre las comunidades autónomas se puede atribuir a varios factores, entre ellos la calidad de los protocolos implementados y la coordinación entre los diferentes departamentos gubernamentales. En Asturias, por ejemplo, se establecieron protocolos claros que permitieron una atención adecuada a los ancianos en caso de que se presentaran síntomas de COVID-19. Los equipos médicos acudían a las residencias para atender a los ancianos, y se habilitaron centros de tratamiento para aquellos que no requerían hospitalización.
Por otro lado, en Madrid, la falta de coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales resultó en una atención deficiente. Durante la pandemia, el 40% del personal de las residencias estuvo de baja, y no se enviaron equipos médicos para apoyar a los ancianos. Esto dejó a los residentes sin atención adecuada y sin opciones de aislamiento, lo que contribuyó a la alta tasa de mortalidad.
La experiencia de Galicia también es reveladora. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno gallego se preparó para la llegada del virus, estableciendo protocolos que incluían la habilitación de residencias y hospitales para trasladar a los ancianos positivos. A pesar de que el modelo fue infrautilizado, la mortalidad en las residencias gallegas fue diez veces menor que en Madrid, lo que demuestra la importancia de la planificación y la anticipación.
En Murcia, la estrategia se centró en proporcionar atención a los ancianos en sus hogares, evitando el traslado a hospitales, que a menudo resultaba perjudicial para los pacientes más frágiles. Este enfoque, basado en la atención domiciliaria y la comunicación constante con las familias, permitió una gestión más efectiva de la crisis en las residencias.
**Lecciones Aprendidas y Futuro de la Atención a Mayores**
La crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las debilidades del sistema de atención a mayores en España. Las diferencias en la gestión de residencias entre comunidades autónomas subrayan la necesidad de establecer protocolos claros y efectivos que puedan ser implementados rápidamente en situaciones de emergencia. La coordinación entre los diferentes departamentos de salud y servicios sociales es esencial para garantizar una atención adecuada a los ancianos, especialmente en momentos de crisis.
Además, la experiencia adquirida durante la pandemia debe ser utilizada para mejorar la atención a las personas mayores en el futuro. Esto incluye la formación del personal, la identificación temprana de amenazas y la creación de planes de contingencia que puedan ser activados en caso de futuras emergencias sanitarias. La atención a los ancianos no debe ser un tema secundario en la agenda política, sino una prioridad que garantice la dignidad y el bienestar de una población vulnerable.
La gestión de residencias durante la pandemia ha sido un espejo de las capacidades de respuesta de cada comunidad autónoma. Las lecciones aprendidas deben ser aplicadas para evitar que una crisis similar vuelva a tener consecuencias tan devastadoras en el futuro.
