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La Fiscalía pide 26 años de cárcel para la ex cúpula de UGT-A por desviar 40,7 millones en subvenciones de la Junta de Andalucía

Anticorrupción considera que UGT Andalucía es responsable civil subsidiario por la totalidad de la cuantía defraudadas, que se eleva a 40.750.047,74 euros

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido 26 años de cárcel para la ex cúpula de UGT Andalucía por desviar 40,7 millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para financiarse de forma irregular a través de una supuesta trama de facturas falsas y alquileres ficticios de aulas donde se impartían cursos de formación entre los años 2009 a 2013.

El escrito de acusación de la Fiscalía, en poder de EL MUNDO y conocido este miércoles, se dirige contra 14 acusados: cinco pertenecientes a UGT-A y a su empresa instrumental Soralpe y nueve proveedores de confianza del sindicato que confeccionaban facturas ficticias siguiendo las órdenes que les daban los responsables de la central sindical.

Además, Anticorrupción dedica un apartado a la “responsabilidad de UGT-A” y señala que el sindicato es “responsable civil subsidiario por la totalidad de la cuantía de las cantidades defraudadas”, que se eleva a 40.750.047,74 euros. Igualmente, el sindicato es “responsable solidario por las cuantías de las multas de los acusados”, dice el escrito de acusación.

Anticorrupción ha solicitado una pena global de 26 años de cárcel por delitos continuados de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil para cuatro ex responsables de la federación andaluza de UGT. El fiscal ha pedido 7 años de cárcel para Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A que se vio forzado a dimitir por el escándalo de las facturas falsas en diciembre de 2013, tras permanecer solamente siete meses en el cargo. Idéntica pena de 7 años ha exigido para Federico Fresneda, tesorero del sindicato durante 15 años entre 1998 y 2013; otros 7 años de prisión para María Charpín, secretaria de gestión económica durante la etapa investigada y ex vocal de la comisión de garantías de UGT Confederal; y 5 años de cárcel para Lola Sánchez Montaño, responsable del departamento de compras. En total, los 26 años.

El investigado Enrique Goicoechea Salazar, administrador y consejero delegado de la empresa de UGT-A Soralpe, se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 7 años de prisión. Goicoechea está acusado de prestar «auxilio de forma directa y decisiva para la culminación del fraude urdido por los dirigentes» del sindicato. Para cada uno de estos cinco acusados vinculados a la ex cúpula de UGT-A y a su empresa Soralpe, Anticorrupción reclama una multa de 50 millones de euros.

Cada uno de los nueve proveedores de UGT-A se enfrentan a peticiones de la Fiscalía de tres años de cárcel. En total, 27 años de prisión.

“Con la finalidad de lograr el desvío de fondos que debieran haber sido destinados a los cursos”, los ex dirigentes de UGT-A pusieron “en marcha un plan para financiarse con los mismos, sin perjuicio de que los cursos se impartieran, redundando en su eficacia y calidad, distrayendo directamente cantidades, o evitando devolver descuentos en periodo de justificación ante la administración concedente”, remarca el escrito de acusación de la Fiscalía.

Entre las vías para “sustraer fondos de las subvenciones” y financiarse de forma irregular están el bote, el rápel logrado con las facturas falsas confeccionadas por los proveedores y la “simulación de alquileres de las aulas empleadas para la formación”, dice el fiscal.

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