La Fiscalía de Sevilla denuncia al PSOE por la compra de votos en Huévar

La Fiscalía de Sevilla ha denunciado al ex teniente de alcalde socialista de Huévar del Aljarafe, Francisco Martín González, por la supuesta compra de votos en esta localidad para no perder la mayoría absoluta que ostentaba el PSOE, que llevaba 36 años gobernando en el municipio.

La fiscal a la que ha correspondido el caso ha presentado una denuncia contra el ex teniente de alcalde por dos supuestos delitos: uno electoral y otro de malversación de caudales públicos. Según fuentes de la Fiscalía, la denuncia se presentó el pasado día 2 de noviembre, sólo unos días después de que la propia alcaldesa de Huévar, la popular María Eugenia Moreno, llevase a la Audiencia de Sevilla junto con la presidenta del PP,Virginia Pérez, toda la documentación con las pruebas de esa supuesta compra de votos a cambio de trabajos en el Ayuntamiento.

Tras estudiar la numerosa documentación y pruebas aportadas por los populares, la fiscal ha decidido presentar una denuncia y ha enviado ese decreto al Decanato de los juzgados. Ahora ese órgano tendrá que repartirlo y enviarlo a un juzgado de instrucción para que sea el que se encargue de la citada investigación y tome las declaraciones o lleve a cabo las diligencias que considere oportunas.

El delito electoral al que se hace referencia en el caso del municipio aljarafeño es el 146.1 de la Ley de Régimen Electoral, que castiga con penas de seis meses a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses a quienes «por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas, soliciten directa o indirectamente el voto de algún elector, o le induzcan a la abstención». En cuanto a la malversación de caudales públicos, se investigará la comisión de un supuesto delito del artículo 432 del Código Penal que castiga la apropiación indebida de valores correspondientes a un cargo público.

La presentación de esta denuncia para que se investiguen los hechos supone que, en este caso, el Misterio Público ha actuado con gran rapidez si se tiene en cuenta que los documentos llegaron a los tribunales sevillanos el día 18 de octubre y la decisión de la Fiscalía para investigar los hechos tiene fecha de quince días después. Un plazo muy corto en función de los interminables tiempos judiciales.

A partir de ahora el juzgado en el que recaiga esa investigación tendrá que indagar lo que ocurrió realmente en ese Ayuntamiento que estuvo en manos del PSOE hasta que el pasado mes de mayo, tras las elecciones municipales, el PP logró hacerse con esa Alcaldía.La actual alcaldesa, María Eugenia Moreno, fue la que tras la sesión de investidura el 15 de junio se encontró en las dependencias municipales que los anteriores regidores habían intentado destruir un gran numero de documentos que contenían supuestas pruebas de la compra de votos.

Las pruebas

De hecho, entre las pruebas de esa supuesta compra de votos será crucial la trituradora que Moreno se encontró en un rincón del despacho y que ya estaba inservible de tanto usarla. Una fotografía de esa destructora de papel, que aún se encuentra en un despacho del Ayuntamiento, está incorporada a las diligencias como supuesta prueba de esas prácticas supuestamente fraudulentas.

Pero la alcaldesa, que también ordenó cambiar la cerradura para evitar que sus antecesores entraran en las dependencias municipales y pudieran destruir pruebas, pudo tener acceso a algunos documentos que probarían ese supuesto delito. Entre ellos, en el despacho perteneciente al ex teniente de alcalde se encontraron una serie de cajas con documentos, algunos transcritos de puño y letra del propio Francisco Martín González.

Según la denuncia, el PSOE pretendía ocultar «las maniobras» del anterior equipo de gobierno municipal y el PSOE «para incidir en los electores y vecinos del pueblo, mediante el ofrecimiento de dádivas y recompensas mediante la contratación pública de vecinos o familiares, para la obtención de votos en las diferentes elecciones». Los documentos que ya tiene el Fiscal y que irán a manos del juez constan de un escrito del ex teniente de alcalde, donde se lee: «Apoyar con contratos en donde nos puedan apoyar». También un manuscrito denominado «Plan 1000», y otro en el que hay una lista de las calles con las viviendas contabilizando los votos que se podían obtener en esas mismas y anotando los trabajos llevados a cabo por todos estos. Ahora será el juzgado el que deba comenzar a practicar diligencias y a citar a los investigados.

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