El Partido Popular (PP) ha encontrado en la gestión de crisis una oportunidad para desviar la atención de sus propias responsabilidades. A medida que las comunidades autónomas que gobierna enfrentan desafíos significativos, como incendios forestales y la acogida de menores migrantes, sus líderes han optado por culpar al Gobierno central por la falta de recursos y medios. Esta dinámica ha sido evidente en diversas situaciones recientes, donde el PP ha reclamado ayuda estatal mientras simultáneamente implementa recortes fiscales que limitan su capacidad de respuesta.
**Crisis de Incendios Forestales: Un Ciclo Repetido**
El verano de 2025 ha sido testigo de una oleada de incendios forestales que ha devastado más de 400.000 hectáreas en varias comunidades autónomas, incluyendo Galicia y Castilla y León, donde el PP ha mantenido el poder durante décadas. A pesar de que las competencias en materia de prevención y extinción de incendios son autonómicas, los presidentes regionales han recurrido a la falta de medios para justificar su inacción. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha sido uno de los principales voceros en exigir apoyo estatal, a pesar de que su partido controla la mayoría de las comunidades afectadas.
La contradicción es palpable: mientras los presidentes autonómicos argumentan que no cuentan con los recursos necesarios, han implementado recortes en la financiación de servicios públicos, incluyendo la prevención de incendios. En 2018, el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León descalificó la necesidad de mantener operativos de emergencia durante todo el año, afirmando que los fuegos se apagan en invierno. Sin embargo, en medio de la crisis actual, estos mismos líderes han solicitado helicópteros y aviones al Gobierno central, evidenciando una falta de coherencia en su discurso.
La situación se complica aún más cuando se considera que los bomberos forestales, que a menudo son subcontratados, han estado en huelga por reivindicaciones salariales. La administración regional ha intentado desviar la responsabilidad hacia el Gobierno central, a pesar de que la gestión de estos servicios recae en las comunidades autónomas. Este patrón de desvío de responsabilidades se ha repetido en otras crisis, como la riada en Valencia en 2024, donde el PP también buscó culpar al Gobierno por la falta de preparación.
**Acogida de Menores Migrantes: Un Desafío Ignorado**
La crisis de los menores migrantes no acompañados ha puesto de manifiesto otra faceta de la estrategia del PP. Las comunidades gobernadas por este partido han argumentado que no tienen los medios ni la capacidad para acoger a los miles de menores que llegan a España. A pesar de que el decreto que regula el sistema de acogida establece claramente las responsabilidades de cada comunidad, los líderes del PP han optado por no asumirlas, alegando falta de recursos.
Este argumento se vuelve aún más contradictorio cuando se compara con la acogida de menores ucranianos, que ha sido mucho más efectiva. La portavoz parlamentaria del PP ha calificado de «irresponsable» la gestión del Gobierno central, pero al mismo tiempo, su partido ha llevado el decreto de acogida al Tribunal Constitucional, argumentando que invade competencias exclusivas. Esta postura revela una falta de voluntad para abordar el problema, a pesar de que las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los menores.
La situación se complica aún más con la presión que enfrentan las comunidades del PP para justificar su negativa a acoger a los menores migrantes. Mientras que se argumenta que no hay recursos suficientes, se ignoran las capacidades que tienen para gestionar la situación. La falta de acción en este ámbito contrasta con las demandas de ayuda que realizan a nivel estatal, creando una imagen de incoherencia y falta de compromiso con los derechos de los menores.
**Un Ciclo de Demandas y Recortes**
El PP ha adoptado una estrategia de oposición que se basa en señalar la incapacidad del Gobierno central para gestionar crisis, mientras al mismo tiempo implementa recortes fiscales en sus comunidades. La narrativa del «infierno fiscal» se ha convertido en un pilar de su discurso, a pesar de que las rebajas fiscales han llevado a una disminución significativa en los ingresos que las comunidades necesitan para financiar servicios esenciales.
La contradicción se hace evidente cuando los líderes del PP reclaman más recursos al Gobierno central para financiar servicios que ellos mismos han debilitado a través de recortes. Este ciclo de demandas y recortes ha llevado a una situación en la que las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el PP, se encuentran en una posición precaria para enfrentar crisis como los incendios forestales o la acogida de menores migrantes.
En resumen, la estrategia del PP ante las crisis actuales revela un patrón de desvío de responsabilidades y una falta de coherencia en su discurso. Mientras sus líderes exigen ayuda estatal, también implementan políticas que limitan su capacidad de respuesta, creando un ciclo de dependencia y contradicción que afecta a la gestión de crisis en las comunidades autónomas.
