La cuestión del aborto en España ha sido un tema de intenso debate y polarización política desde su legalización en 1985. A lo largo de las décadas, el Partido Popular (PP) ha mostrado una postura ambivalente, oscilando entre la oposición a la legalización y la aceptación de la norma vigente. Este artículo examina la evolución de la legislación sobre el aborto en España y el papel del PP en este proceso, así como las implicaciones sociales y políticas que han surgido a lo largo del tiempo.
**Historia de la Legalización del Aborto en España**
La legalización del aborto en España se produjo en 1985, aunque bajo condiciones muy restrictivas. La ley permitía la interrupción del embarazo solo en tres supuestos: malformaciones del feto, riesgo para la salud de la mujer y violación. Esta legislación fue el resultado de una larga lucha por los derechos reproductivos de las mujeres, que comenzó mucho antes de la aprobación de la ley. Sin embargo, a pesar de ser un avance significativo, la ley de 1985 no despenalizó completamente el aborto, lo que significaba que seguía siendo un delito en muchas circunstancias.
Desde su aprobación, el PP ha mantenido una postura crítica hacia el aborto. En sus inicios, el partido, bajo la dirección de Manuel Fraga, se opuso abiertamente a la legalización, argumentando que el aborto no debía ser considerado un derecho. A pesar de que la sociedad española había comenzado a aceptar la norma, el PP continuó su campaña en contra, llevando la ley al Tribunal Constitucional en varias ocasiones. Sin embargo, la presión social y el cambio en la opinión pública llevaron al partido a adoptar una postura más moderada cuando alcanzó el poder en 1996, aunque sin realizar cambios significativos en la legislación existente.
En 2010, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una reforma clave que transformó la ley de “supuestos” a una ley de “plazos”, permitiendo a las mujeres abortar libremente hasta la semana 14 de gestación. Esta reforma fue recibida con una fuerte oposición por parte del PP, que argumentó que la despenalización del aborto era un retroceso en la civilización. A pesar de las críticas, la reforma fue un hito en la lucha por los derechos reproductivos en España, eliminando muchas de las restricciones que habían dificultado el acceso al aborto.
**La Resistencia del PP y la Polarización Social**
A lo largo de los años, el PP ha intentado obstaculizar el acceso al aborto sin modificar la ley. Durante su mandato, se promovieron políticas que favorecían la objeción de conciencia de los médicos y se dificultó el acceso a servicios de aborto en la sanidad pública. Esto resultó en que muchas mujeres tuvieran que recurrir a clínicas privadas o, en el peor de los casos, a abortos clandestinos. En 2023, se reveló que en varias comunidades autónomas se practicaban menos de 50 abortos al año, lo que pone de manifiesto las desigualdades en el acceso a este derecho en diferentes regiones del país.
La polarización social en torno al aborto ha aumentado en los últimos años, especialmente con el surgimiento de movimientos antiabortistas que han ganado visibilidad y apoyo. La Conferencia Episcopal y diversas organizaciones han movilizado a sus bases para protestar contra la legislación actual, argumentando que el aborto es un acto inmoral y que debe ser prohibido. Esta oposición ha llevado a un clima de tensión en el que las mujeres que buscan abortar enfrentan no solo barreras legales, sino también estigmas sociales.
En este contexto, el PP ha tenido que navegar entre su base más conservadora y una sociedad que, en general, ha mostrado un apoyo creciente hacia los derechos reproductivos. La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del PP en 2022 marcó un cambio en la estrategia del partido, que intentó moderar su discurso sobre el aborto. Sin embargo, las divisiones internas continúan, y muchos miembros del partido mantienen posturas firmemente antiabortistas.
En 2023, el Tribunal Constitucional de España tomó una decisión histórica al considerar que la ley de plazos era constitucional, lo que significó un respaldo a los derechos de las mujeres. Esta decisión fue recibida con críticas por parte del PP, que continuó defendiendo su postura de que el aborto no debería ser un derecho. La falta de una posición unificada dentro del partido ha generado confusión y ha puesto de manifiesto las tensiones internas que enfrenta el PP en relación con este tema.
La reciente propuesta del gobierno de Pedro Sánchez para blindar el derecho al aborto en la Constitución ha reavivado el debate. El PP ha calificado esta iniciativa como una “cortina de humo”, pero la realidad es que el tema del aborto sigue siendo un punto de fricción en la política española. A medida que la sociedad avanza hacia una mayor aceptación de los derechos reproductivos, el PP se enfrenta al desafío de adaptarse a una realidad en la que la mayoría de la población apoya el derecho al aborto, mientras que su base más conservadora continúa presionando por un retroceso en las políticas de derechos reproductivos.
La evolución del aborto en España es un reflejo de las tensiones entre el avance de los derechos de las mujeres y la resistencia de sectores conservadores. A medida que el debate continúa, es evidente que el futuro del aborto en España dependerá de la capacidad de los partidos políticos para adaptarse a las demandas de la sociedad y de la voluntad de las mujeres de luchar por sus derechos.
