La presidenta del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, se encuentra en el centro de una polémica tras su comparecencia en el Senado, donde negó conocer al empresario José Ruz, propietario de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). Este empresario ha sido vinculado a un contrato de 9 millones de euros para la construcción de una residencia de mayores en Son Dureta, un proyecto que actualmente está bajo investigación por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La situación ha generado un gran revuelo en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio la gestión de Armengol al frente del Gobierno balear.
La adjudicación del contrato a Levantina se realizó en febrero de 2022, en un contexto donde la empresa se impuso a competidores de renombre como OHL y Tecopsa. Sin embargo, lo que ha levantado más sospechas es el hecho de que la adjudicación coincidió con un viaje de Ruz a Las Palmas de Gran Canaria, donde se reunió con Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Este encuentro ha sido interpretado por algunos como un indicio de posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.
### La investigación del caso Koldo
El caso Koldo, que ha sido objeto de atención mediática y política, se centra en la supuesta trama de corrupción relacionada con la adjudicación de contratos públicos a cambio de sobornos. La UCO investiga cómo Levantina, una empresa que ha sido implicada en esta trama, logró obtener el contrato más lucrativo en el ámbito de la sanidad balear. La residencia de Son Dureta, que se proyectó como un centro de atención para mayores dependientes, se ha convertido en un símbolo de la gestión fallida de Armengol, especialmente tras la quiebra de la constructora, que dejó el proyecto inconcluso.
En su comparecencia, Armengol insistió en que no tenía conocimiento previo de Ruz ni de su empresa, a pesar de que su Gobierno había otorgado el contrato. Esta declaración ha sido recibida con escepticismo, dado el contexto de la investigación y las conexiones entre los actores involucrados. La presidenta argumentó que su administración actuó en un momento crítico, cuando la necesidad de construir la residencia era urgente, y que las decisiones se tomaron en función de la disponibilidad de recursos y la urgencia del proyecto.
### La compra de mascarillas y la gestión de crisis
Además del escándalo relacionado con la residencia, Armengol también ha enfrentado críticas por la compra de 1,4 millones de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión, otra firma vinculada a la trama. Este contrato, que ascendió a 3,7 millones de euros, se realizó en un contexto de emergencia sanitaria, pero las mascarillas resultaron ser defectuosas y nunca se utilizaron. En su defensa, Armengol afirmó que la compra se realizó en un momento de escasez de suministros y que fue una decisión necesaria para proteger la salud pública.
La presidenta del Gobierno balear ha intentado distanciarse de las decisiones tomadas en el proceso de contratación, alegando que no estaba involucrada directamente en la gestión de los contratos. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por la oposición, que argumenta que como líder del Ejecutivo, tiene la responsabilidad última sobre las decisiones de su administración. La situación ha generado un debate sobre la rendición de cuentas en la política y la necesidad de una mayor transparencia en la gestión pública.
La investigación del caso Koldo y las implicaciones de los contratos otorgados durante la pandemia han puesto de manifiesto la fragilidad de la confianza pública en las instituciones. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles sobre las conexiones entre los diferentes actores involucrados y las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de contratos.
La situación de Armengol es un recordatorio de que la política está intrínsecamente ligada a la gestión de la confianza pública. A medida que se desarrollan los acontecimientos, será crucial observar cómo la presidenta maneja esta crisis y qué medidas toma para restaurar la confianza en su administración. La presión sobre su liderazgo podría intensificarse si se revelan más detalles comprometedores en el transcurso de la investigación, lo que podría tener repercusiones significativas en su carrera política y en el futuro del Gobierno balear.
