Portada » Xinjiang, un drama sin desenlace inmediato
Internacional

Xinjiang, un drama sin desenlace inmediato

Protesta en el exterior de la Casa Blanca contra China para detener la opresión de los uigures.
Protesta en el exterior de la Casa Blanca contra China para detener la opresión de los uigures.

I.B.B – NIUS Diario 

  • Tensión entre la UE y China tras la denuncia por el abuso contra los uigures en la región autónoma de Xinjiang

  • En esta región se localizan las mayores reservas de gas y combustibles fósiles a nivel nacional

La Unión Europea no había impuesto sanciones a China por violaciones de los derechos humanos desde 1989, cuando las manifestaciones estudiantiles en Tiananmen en favor de un sistema más democrático fueron violentamente reprimidas por el Ejército chino.

Tras décadas de acercamiento, no exentas de fricciones políticas y económicas, el pasado 22 de marzo, la UE retomaba una postura más frontal ante su mayor socio comercial, adoptando medidas punitivas contra varios funcionarios chinos por los supuestos trabajos forzosos a los que están sometidas personas mayoritariamente de etnia uigur en la región noroccidental china de Xinjiang. Anteriormente, pesos pesados de la industria textil, como H&M y Nike, habían mostrado abiertamente su oposición a “cualquier tipo de trabajo forzoso” en sus cadenas de suministro, tras salir a la luz informes sobre las condiciones laborales de los productores xinjiangneses de algodón.

Dos días después del anuncio del bloque europeo, la Liga de Juventudes Comunistas de China compartía en Weibo (el “Twitter chino”) aquel manifiesto de H&M, de hace medio año, en el que anunciaba que suspendía la utilización de algodón de Xinjiang para la fabricación de sus prendas hasta que se esclareciese la situación. La publicación de la organización juvenil oficialista venía acompañada de un mensaje en el que tachaba a la marca sueca de hipócrita por intentar lucrar en un país que implementa políticas con las que difiere.

Acto seguido, las redes sociales chinas amanecían inundadas con mensajes alentando al boicot contra H&M y otras multinacionales, incluidas Nike, Adidas, Burberry, Puma o Converse, activas promotoras de Better Cotton Initiative, programa en favor de los derechos de los trabajadores del algodón financiada parcialmente por Estados Unidos. Como resultado, las principales plataformas de comercio electrónico despertaban sin rastro de productos de H&M y algunas celebridades chinas rompían sus vínculos con estas firmas, caso de los actores Wang Yibo y Huang Xuan, distanciados ahora de Nike. Paralelamente, la portavoz de la Cancillería china Hua Chunying aseveraba el día 25 en rueda de prensa que más del 70 % del total de esta materia prima que se recoge en la región (que, según el Grupo de Reservas de China, es de 5,2 millones de toneladas, en torno al 87 % de la producción nacional) se hace de manera automatizada y que los citados trabajos forzosos en la industria del algodón en Xinjiang son una falacia mayúscula.

Los campos de detención, en el punto de mira

Las medidas contra funcionarios chinos supusieron la primera acción coordinada entre la UE, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos desde que Joe Biden asumió el cargo en el despacho oval. El tema de la estrategia del gobierno chino en la región autónoma, sin embargo, ya había ganado cierta prominencia en la agenda internacional desde el pasado junio, cuando el anterior inquilino de la Casa Blanca rubricó la Ley de Política de Derechos Humanos Uigur.

Donald Trump tomaba la decisión en un contexto marcado por presiones internas, debido a la inminente publicación del libro del exconsejero de Seguridad Nacional John BoltonThe Room Where it Happened (editado por The Wall Street Journal), en el que se detalla una conversación del presidente estadounidense con su homólogo chino, Xi Jinping, que abordaba el tema de los campos de detención que Beijing planeaba construir en la región. Según cuenta Bolton, en el transcurso de dicho intercambio, Trump apoyó tal iniciativa afirmando que era “exactamente la acción correcta”.

La aprobación de la referida ley desató una campaña propagandística a gran escala en los medios estatales chinos, en la que se defendían las conquistas del sistema comunista en Xinjiang en lo concerniente a la erradicación de la pobreza extrema, la elevación del nivel educacional, la mejora de las oportunidades laborales y en la que, en general, se proporcionaba una foto bastante edulcorada (clásica de Beijing cuando a esta y a la región del Tíbet se refiere).

Y es que, lo que Occidente ha calificado de “campos de concentración” (con más de un millón de detenidos, según el Departamento de Estado estadounidense y el Instituto de Política Estratégica de Australia), las autoridades chinas –desde una para nada ingenuidad eufemística– lo denominan “centros de reeducación”, recintos que se presentan como instalaciones a las que la gente asiste voluntariamente para desarrollar sus habilidades manuales, intelectuales, mejorar su nivel de mandarín y aprender las leyes del país. En los últimos años, Beijing no se ha andado con muchos rodeos y ha reconocido que, además de esa noble intención, estas escuelas se crean como mecanismo de prevención del extremismo religioso que conduce a acciones terroristas.

Cabe apuntar que la división administrativa de China consta de cuatro niveles: 23 provincias (entre las que la Constitución incluye a Taiwán), 4 municipios con jurisdicción central (Beijing, Tianjin, Shanghai y Chongqing), dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao) y 5 regiones autónomas. Xinjiang se incluye en esta última, junto al Tíbet, Mongolia Interior, Ningxia y Guanxi. La principal característica de estos 5 territorios, con potestad para dictar sus propias leyes, radica en que la mayoría de sus residentes pertenece a una de las 56 minorías étnicas reconocidas por el gobierno chino.

Represión contra la minoría musulmana

La región autónoma uigur de Xinjiang, a pesar de ser la zona más extensa de la nación más poblada del planeta, cuenta con apenas 22 millones de habitantes, de los cuales, según el censo de 2010, el 45,84 % es de etnia uigur, cultural y lingüísticamente diferente de la han, la predominante en el gigante asiático. Su importancia geopolítica se fundamenta en el hecho de que en ella se localizan las mayores reservas de gas y combustibles fósiles a nivel nacional, y que es un pasillo crucial de tránsito de la iniciativa china de la nueva Ruta de la Seda (razones de sobra entendibles, la primera principalmente, para explicar el interés de EE. UU. en la región).

En los últimos años, las tensiones y la desconfianza entre el gobierno central y los xinjiangneses se han agudizado exponencialmente debido al incremento del número de dispositivos de seguridad desplegados en la región (prueba de ello es que en 2019 se creó, destinada exclusivamente a Xinjiang, la tercera unidad de comando antiterrorista del Ejército Popular de Liberación), así como a la reducción de las libertades de la población. El aumento del escrutinio en la vida privada, las trabas a la hora de viajar (con cancelaciones arbitrarias de pasaportes), de estudiar en el exterior y de hospedarse en hoteles del resto del país son solo algunos ejemplos del trato desfavorable que los uigures reciben.

La paranoia de Pekín (como justificación a estas restricciones que en ultramar condenan) se sustenta en una serie de atentados que tuvieron lugar a principios de siglo en la propia Xinjiang y, en la pasada década, en otras partes del territorio nacional. De estos últimos, los más brutales fueron el ataque suicida en la plaza de Tiananmen, en octubre de 2013, con un saldo de 5 fallecidos y 38 heridos, calificado en aquel momento por las autoridades como “el mayor acto de terror de la historia reciente de China”, y la masacre en la estación de tren de Kunming, capital de la provincia de Yunnan, en marzo del año siguiente, en la que un grupo de hombres con armas blancas asesinó a 31 civiles y agredió a más de 140.

El Partido Islámico del Turquestán (organización fundada por radicales yihadistas uigures) reclamó la autoría del primero y, a pesar de que ningún grupo reivindicó el segundo, las autoridades de Kunming afirmaron que éste también guardaba relación con separatistas de Xinjiang debido a que encontraron una bandera de Turquestán Oriental en la escena del crimen. Aunque los grupos extremistas son minoría entre la población de la región, desde 2016 el gobierno central inició una campaña mucho más extensiva para contrarrestar este tipo de actos barbáricos, haciendo ver a gran parte de la opinión pública nacional que cualquier medida de seguridad en Xinjiang es insuficiente.

Por otra parte, con la aspiración de alcanzar la meta de erradicar la pobreza extrema del país para finales de 2020 (objetivo que, oficialmente, cumplió en medio de la pandemia de covid-19), China ha venido impulsando un proyecto de relocalización de la población rural. Según cifras del gobierno regional, en noviembre del pasado calendario salieron de la pobreza las diez últimas comarcas de la región autónoma uigur que aún vivían por debajo de ese umbral, lo que significó que 3 millones 80 mil personas, de 3666 aldeas distribuidas en las 32 comarcas empobrecidas, mejoraron su estándar de vida.

Con relación a los centros de estímulo vocacional –iniciativa plausible para un lado–, persisten informes de medios occidentales que alegan que el objetivo final del gobierno central es ejercer en Xinjiang un mayor control sobre la población, y alejarla de su idioma y cultura autóctona. Además del proceder en los citados campos de reeducación, se critica a la administración de Xi Jinping por enviar a población uigur a otras provincias a trabajar en fábricas (supuestamente, de manera forzosa). Recientemente, reportajes de BBC, CNN o The New York Times –de los que se han hecho eco otras agencias– sobre las labores que realizan en pésimas condiciones los oriundos de Xinjiang en el sector de la recogida de algodón y de la fabricación de mascarillas, y en relación con la donación forzosa de cabello humano para comercializarlo han contribuido a que el discurso condenatorio de parte de la comunidad internacional se haya vuelto mucho más incisivo.

En proporción directa con el rol global de China, crece también la prepotencia de Pekín en su accionar, y precisamente esos aires de superioridad permean su tolerancia a cualquier crítica, tanto local como foránea, y su desconfianza hacia todo intento de inmiscuirse en sus asuntos internos; si no es tras el prisma de lo que el gigante asiático considera como verdad, quedan vedados del debate temas como Hong Kong, Taiwán, Tíbet o Xinjiang. Cualquier comentario fuera de ese bien delimitado marco se tacha de inadmisible. Eso sí, a diferencia de potencias que imponen embargos extraterritoriales al estilo de Washington, China lo hace dentro de sus fronteras: advierte que quien apueste en alguna medida por el intrusismo, no tendrá cabida en su mercado.

En esta guerra semántica entre las autoridades chinas y algunos gobiernos occidentales por el control discursivo, todo apunta a que la solución definitiva al conflicto está cada vez más distante. Entre el secretismo de Pekín y un activismo que bien podría generar sospechas liderado por Washington, boicots, sanciones y rifirrafes entre cancillerías, las vidas de los habitantes de Xinjiang transcurren, por un lado, víctimas de la supresión de libertades y del creciente escrutinio del sistema y, por otro, del asedio de organizaciones extremistas que, con afán proselitista, buscan reclutar a los jóvenes. Así se extiende el drama de tantos que ni siquiera han oído hablar de H&M y que, por supuesto, no pueden darse el gusto de pagar los precios prohibitivos de un par de zapatillas Nike.