En un reciente anuncio, la Seguridad Social ha confirmado que es incompatible cobrar una pensión por incapacidad permanente absoluta (IPA) y trabajar de forma habitual y cotizada. Esta decisión, respaldada por sentencias del Tribunal Supremo y criterios actualizados del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), afecta a un amplio colectivo de pensionistas en España. En 2023, el 6,9% de las personas de entre 50 y 74 años recibieron alguna pensión o prestación por discapacidad o invalidez, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
La normativa vigente establece que solo se pueden realizar actividades que sean «compatibles» con la percepción de estas pensiones, siempre que no afecten la capacidad funcional del beneficiario ni impliquen alta en la Seguridad Social. Esto significa que cualquier trabajo bajo un contrato laboral que implique alta y cotización resultará en la suspensión automática de la pensión mientras dure dicha actividad.
### Cambios Normativos y su Impacto en los Pensionistas
El artículo 198.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aclara que la percepción de la pensión está ligada a la imposibilidad real de desarrollar una actividad laboral que genere ingresos cotizados. Por lo tanto, solo se permiten «trabajos marginales» o esporádicos que no supongan un cambio en la capacidad de trabajo ni generen ingresos significativos.
Aunque esta restricción puede parecer severa, la Seguridad Social reconoce que hay actividades compatibles, siempre que sean esporádicas y sin cotización, como el voluntariado o tareas puntuales sin alta. Sin embargo, la incompatibilidad se extiende a cualquier empleo que genere alta en la Seguridad Social, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.
Este cambio normativo no es solo un asunto técnico; tiene un impacto significativo en la vida cotidiana y el futuro económico de miles de personas. Según el Observatorio Estatal de Discapacidad, en 2023 había 1.946.800 personas con discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que representa el 6,2% de la población total en edad laboral. Esto refleja las dificultades para encontrar empleo y los desafíos de inclusión laboral.
La nueva normativa, al suspender la pensión en caso de alta laboral, puede plantear dilemas difíciles para quienes buscan mejorar sus ingresos o reinsertarse en el mercado laboral. Para quienes se encuentran en esta situación, es crucial tener en cuenta lo siguiente:
– Trabajar con alta en la Seguridad Social implica la suspensión automática de la pensión mientras dure la actividad laboral.
– Solo actividades esporádicas, marginales y sin cotización son compatibles con la percepción de la pensión.
– El complemento de gran invalidez, que cubre necesidades especiales, se mantiene activo incluso si la pensión se suspende.
– La Seguridad Social está preparando una reforma que aclarará qué tipos de actividades pueden ser compatibles en el futuro.
### Estrategias para los Pensionistas
Para los pensionistas que deseen explorar opciones laborales, es recomendable acudir al INSS para obtener un criterio personalizado y evaluar el impacto real de cualquier empleo que deseen emprender. Es fundamental planificar a largo plazo, considerando si merece la pena suspender una prestación vitalicia para cotizar durante un tiempo y aspirar a otros derechos o beneficios.
La actualización normativa reafirma que la pensión por incapacidad permanente absoluta está diseñada para sustituir los ingresos laborales cuando la capacidad para trabajar está anulada. Hasta que la ley evolucione, los beneficiarios deberán navegar con cautela entre la necesidad económica y el marco legal vigente.
En resumen, la incompatibilidad entre cobrar una pensión por incapacidad y trabajar de forma habitual plantea importantes desafíos para los pensionistas en España. La necesidad de equilibrar la búsqueda de ingresos adicionales con la seguridad de mantener una pensión vitalicia es un tema que requiere atención y asesoramiento adecuado. Los cambios en la normativa reflejan una realidad compleja que afecta a un número significativo de personas, y es esencial que los afectados estén bien informados sobre sus derechos y opciones.
