La propuesta del Gobierno español de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha generado un intenso debate en el ámbito económico y laboral. Este proyecto de ley, que se espera sea aprobado en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso, ha suscitado preocupaciones sobre su impacto en la creación de empleo y en la economía en general. Según estimaciones de expertos, esta medida podría resultar en la pérdida de aproximadamente 200.000 empleos en el próximo año, lo que plantea serias interrogantes sobre su viabilidad y efectividad.
El Consejo Económico y Social (CES) ha sido uno de los pocos organismos que ha analizado el anteproyecto de ley, advirtiendo que el análisis de impacto económico presentado por el Gobierno es «insuficiente» e «incompleto». Esta crítica se suma a la controversia generada por el hecho de que el Gobierno ha optado por no consultar al Consejo de Estado en este proceso, lo que ha levantado cejas entre los expertos y los grupos de oposición.
### Análisis del Impacto Económico
El impacto de la reducción de la jornada laboral no es un tema nuevo en el debate económico. En 2023, BBVA Research ya había advertido que, sin medidas compensatorias que mitiguen el aumento de los costes laborales, la reducción de la jornada podría restar hasta ocho décimas al crecimiento del empleo en los próximos dos años. Esto se traduce en un crecimiento del empleo que sería significativamente más lento, con una previsión de creación de 360.000 empleos netos anuales durante el bienio 2025-2026, en comparación con un promedio de 550.000 en los dos años anteriores.
Los economistas han señalado que las empresas podrían reaccionar a los mayores costes laborales de varias maneras: mediante la destrucción de empleo, la reducción de salarios o la disminución de sus márgenes de beneficio. Miguel Cardoso, economista jefe para España en BBVA Research, ha indicado que el impacto de la reducción de la jornada podría ser de un punto porcentual en el crecimiento del empleo, lo que se traduce en una creación de empleo notablemente inferior a la esperada.
La propuesta del Gobierno, que se espera que entre en vigor en 2026, ha sido recibida con escepticismo por parte de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que ha expresado su rechazo a la medida, argumentando que podría tener un «grave impacto» sobre la actividad económica y el empleo. La CEOE ha calificado la iniciativa de «oportunismo político», sugiriendo que la reducción de la jornada laboral podría ser más un intento de ganar apoyo político que una solución efectiva para mejorar las condiciones laborales.
### Proceso Legislativo y Reacciones
El proceso legislativo para la aprobación de esta ley ha sido más lento de lo esperado. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había planeado que los trámites se completaran a finales de febrero o principios de marzo, pero el retraso se ha justificado por la necesidad de incorporar recomendaciones del CES. A pesar de que Díaz había indicado previamente que no se contemplaban cambios sustanciales en el texto, el proyecto ha sido revisado y se espera que se presenten enmiendas significativas durante su tramitación en el Congreso.
Díaz ha defendido la medida como una de las más deseadas por la población, independientemente de sus inclinaciones políticas. Sin embargo, el camino hacia la aprobación no será fácil. La ministra ha reconocido que se necesitarán argumentos sólidos y un enfoque inteligente para obtener el apoyo necesario en el Parlamento. La posibilidad de que se introduzcan ayudas a las empresas, como sugieren algunos expertos, podría ser una forma de acercar posturas y facilitar la aprobación de la norma.
En resumen, la propuesta de reducción de la jornada laboral en España está generando un intenso debate sobre sus implicaciones económicas y laborales. A medida que avanza el proceso legislativo, será crucial observar cómo se desarrollan las negociaciones y qué modificaciones se introducen en el texto original. La creación de un entorno laboral más equilibrado y sostenible es un objetivo deseable, pero la forma en que se implementen estas reformas será determinante para su éxito.
