La corrupción ha sido un tema recurrente en la política española, y la reciente publicación de un informe de la OCDE ha puesto de manifiesto la falta de una estrategia nacional efectiva para combatir este problema. A pesar de las promesas del Gobierno, España se encuentra rezagada en comparación con otros países desarrollados que ya han implementado medidas concretas para abordar la corrupción. Este artículo explora la situación actual y las implicaciones de la ausencia de una estrategia anticorrupción en el país.
**La Falta de una Estrategia Nacional**
El informe de la OCDE, titulado ‘Panorama de la Administración en 2025’, señala que España no cuenta con una estrategia nacional contra la corrupción, lo que contrasta con la mayoría de los países que sí han adoptado marcos de acción. Esta situación es preocupante, especialmente en un contexto donde los escándalos de corrupción han afectado a figuras clave del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez. La falta de una estrategia no solo es una deficiencia administrativa, sino que también puede tener repercusiones económicas significativas, ya que la corrupción desalienta la inversión extranjera y afecta la confianza pública en las instituciones.
La Ley 2/2023, aprobada en febrero de 2023, establece que el Gobierno debe desarrollar una estrategia contra la corrupción en un plazo de dieciocho meses. Sin embargo, hasta la fecha, no se han dado pasos concretos hacia su implementación. Esta ley también incorpora la Directiva (UE) 2019/1937, que busca proteger a los denunciantes de irregularidades, pero su efectividad depende de la existencia de un marco estratégico que guíe su aplicación.
**Presiones Internacionales y Compromisos del Gobierno**
La presión internacional ha sido un factor determinante en la exigencia de una estrategia anticorrupción. La Comisión Europea y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) han instado a España a cumplir con sus compromisos legales. En un informe publicado en julio de 2024, la Comisión Europea advirtió que el Gobierno español está obligado a aprobar una estrategia global para prevenir y combatir la corrupción antes de septiembre de 2024. Sin embargo, hasta ahora, no se ha iniciado este proceso, lo que genera dudas sobre la voluntad política del Gobierno para abordar este problema de manera efectiva.
El GRECO ha señalado que España no solo carece de una estrategia específica, sino que también no cuenta con una agencia especializada en la lucha contra la corrupción. Esta falta de recursos y de un enfoque coordinado dificulta la implementación de medidas efectivas y la evaluación de su impacto. En el acuerdo de Gobierno de 2019 entre el PSOE y Podemos, se incluyó el compromiso de elaborar un Plan Nacional contra la Corrupción, pero hasta ahora, este compromiso ha quedado en palabras sin acciones concretas.
**Impacto Económico de la Corrupción**
La corrupción tiene un impacto directo en la economía española. Según la OCDE, la corrupción agrava las desigualdades y debilita el crecimiento económico. Obstaculiza la inversión, la competencia y el espíritu empresarial, afectando a factores clave que determinan el crecimiento de la productividad, como la innovación y el uso de nuevas tecnologías. La falta de un marco estratégico para combatir la corrupción puede llevar a una disminución de la inversión extranjera, lo que a su vez puede tener efectos negativos en el empleo y el desarrollo económico del país.
Los inversores extranjeros han comenzado a mostrar preocupación por la situación de la corrupción en España, lo que ha llevado a algunos a frenar proyectos empresariales. Esta situación es alarmante, ya que la inversión extranjera es crucial para el crecimiento económico y la creación de empleo. La percepción de un entorno corrupto puede disuadir a los inversores, lo que podría resultar en una menor competitividad para España en el mercado global.
**La Necesidad de un Cambio**
La situación actual exige un cambio urgente en la forma en que España aborda la corrupción. La implementación de una estrategia nacional contra la corrupción no solo es una obligación legal, sino también una necesidad para restaurar la confianza pública en las instituciones y fomentar un entorno económico saludable. La falta de acción en este ámbito puede tener consecuencias graves a largo plazo, tanto para la economía como para la democracia en el país.
El Gobierno debe tomar medidas concretas para desarrollar y aprobar una estrategia anticorrupción que incluya la evaluación del cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley y las medidas necesarias para abordar las deficiencias identificadas. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para combatir la corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera efectiva y eficiente. Solo a través de un compromiso real y acciones concretas se podrá avanzar hacia un futuro más transparente y justo para todos los ciudadanos españoles.
