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El Tribunal Supremo pone en su sitio al separatismo: revoca la semilibertad de Forcadell

El TS revoca la semilibertad de Forcadell

El Tribunal Supremo ha revocado este jueves la semilibertad concedida por el Govern de Quim Torra a la separatista Carme Forcadell.

El TS ha estimado el recurso de apelación de la Fiscalía y ha revocado el auto de 28 de abril de 2020 del Juzgado de Vigilancia Penitenciario número 3 de Lérida, que accedió a aprobar la aplicación del régimen del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, condenada a 11 años y medio de prisión por delito de sedición.

En el autor, el Alto Tribunal considera «injustificable» ese régimen de semilibertad establecido por el juzgado de Lérida y establece que el Supremo «es competente para conocer del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de 28 de abril de 2020, dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria Número 3 de Lleida. La decisión que ahora adoptamos proyecta un doble efecto».

«Nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática. Su detenida lectura descarta cualquier quiebra del principio de proporcionalidad. Pero, sobre todo, pone de manifiesto una idea clave de la que no puede prescindirse. Y es que Forcadell no fue condenada por perseguir la independencia de Cataluña. Las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas. Su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda. El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema», señala la sala del Supremo.

En la resolución se aclara que Carme Forcadell «no fue condenada por su ideología independentista. Fue declarada autora de un delito de sedición por los hechos declarados probados en el juicio histórico de nuestra sentencia, valorados con detalle en el punto 1.3 de su fundamento C), donde se explica su decidido protagonismo en el concierto delictivo ideado por los demás acusados y se concluye cómo su actuación rebasó el ámbito de su cargo institucional, con actos y decisiones plenamente integrados en una estrategia delictiva, en un expreso desafío al orden constitucional y a las autoridades que actuaban a su amparo».

«Examinado el contenido de esta propuesta, así como los motivos que la fundamentan, no se aprecia sin embargo vinculación alguna con el proceso de reinserción social de la penada, de forma que la misma sea adecuada a su situación actual. Esa falta de conexión entre el programa de tratamiento y el delito cometido hace injustificable un régimen de semilibertad».