El PP quiere que la okupación sea delito y desalojar en 24 horas

El PP quiere que la okupación sea delito y desalojar en 24 horas

Casado propone una ley para acelerar la expulsión de pisos con penas de hasta tres años. Podemos lo tacha de “barbaridad” y pide “soluciones sociales”.

Podemos lo tacha de “barbaridad” y pide “soluciones sociales”.

“Queremos acabar con la ocupación ilegal de inmuebles”. Este es el principal objetivo del PP. por el cual presentaron este jueves un proyecto de ley destinado a acelerar el desalojo de los pisos okupados. Pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, ampliando los supuestos recogidos en la norma aprobada en 2018 a iniciativa del PDeCAT y que ya entonces contó con los apoyos de los populares, además del PSOE, Ciudadanos y PNV.

Pablo Casado presentó dicha medida en un acto en Badalona, donde el pasado 5 de enero murieron tres personas en un incendio provocado por okupas En

el evento, el líder del PP estuvo acompañado del candidato a la alcaldía de Badalona. Xavier García Albiol; el candidato a la Presidencia de la Generalitat. Alejandro Fernández y la portavoz del Congreso. Dolors Montserrat. “El objetivo es acabar con las mafias”, dejó claro Casado.

En este sentido, el presidente del PP apuntó que esta proposición no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios ni tiene como objetivo regular los conocidos como “precarios”. De hecho. Casado quiso dejar claro que aquellas personas con problemas económicos o de desempleo no van a ser considerados como okupas. Según datos correspondientes a 2017, en España hay entre 85.000 y 90.000 inmuebles okupados y desde el PP esgrimen que este “no es un problema de pobreza energética”, sino que el verdadero déficit se encuentra en la gestión.

Hasta tres años de cárcel

La ley refuerza las penas asociadas a los delitos de usurpación (artículo 245 del Código Penal), que pasa de multa -ya que en la actualidad se considera una falta- a la privación de libertad con penas de cárcel de uno a tres años y contempla de manera específica la figura de las «mafias» de okupación. Agiliza el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia y para ello modifica la Ley de Enjuiciamiento criminal y la ley del Durado, que es la que permite a los ciudadanos participar en la impartición de justicia.

En el caso de que se acceda a un inmueble ajeno haciendo uso de la violencia, la pena oscilaría entre uno y tres años de prisión. De lo contrario, la condena sería de entre ó y 18 meses.

Desalojos en 24 horas

Otro de los grandes cambios que incorpora la ley es la que se refiere a los plazos. En el articulado se establece que la Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo de 24 horas. En la medida impulsada por el PDeCAT el demandado tenía cinco días para recibir la notificación de desalojo, veinte días para hacer efectivo el desahucio y se fijaba un plazo de siete días para que los servicios públicos puedan adoptar medidas. En total, el procedimiento se alargaba más de un mes. Este era uno de los elementos más urgentes para el PP.

Incluye a los bancos

La última reforma incluía solo a las personas físicas como perjudicadas en el fenómeno de la okupación. En cambio, el PP pretende incluir también a los bancos y a los fondos de inversión, es decir, a lo que se considera personas jurídicas. En su momento, las entidades mostraron su descontento porque no se les incluyera en la ley. Ante esto, el PP mantiene que la norma actual no permite una igual protección y se dan “espacios de impunidad”

Impedir el empadronamiento

También se añade que los inmuebles ocupados no tengan condición de domicilio, para que no se puedan empadronar en esas viviendas quienes no estén autorizados por los propietarios. En el caso de que el propietario del inmueble tuviera conocimiento de un empadronamiento de este tipo, podrá notificarlo de forma inmediata a los ayuntamientos para que estos lo den de baja.

Posibilidad de tapiar las viviendas

En la norma propuesta el PP busca dar postestad a las comunidades de vecinos para personarse en los casos de okupación y tomar medidas como tapiar la puerta del inmueble ocupado. Asimismo, los vecinos podrán acudir a la autoridad cuando los «ocupantes ilegales» realicen actividades prohibidas, molestas, incívicas o insalubres. Esto supone una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

Con todo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desconfían de la propuesta. “Hay que partir de la base de que en España la vivivienda no está considerado un buen social”, explican desde el organismo a 20minutos.

“El tema de las mafias, además, es una mera anécdota que están considerando como una categoría”, sentencian. Recuerdan que la mayoría de los afectados en este sentido se dan por motivos económicos.

Además, consideran que la norma “va en beneficio de los bancos” La PAH recuerda que ellos llevaron una propuesta al Congreso que “precisamente está bloqueada por el PP” en la que piden que los fondos de inversión que “han recibido dinero público” pongan a disposición de la administración “todos los bloques de viviendas que mantienen cerrados de manera injustificada”

Desde Podemos. Rafael Mayoral asegura que la medida es “una barbaridad” y que la salida debe ser “social”, apostando por un parque de viviendas con “un alquiler asequible” que garantice el acceso a la vivienda para toda la población.

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