La crisis de vivienda en España ha llevado al Gobierno a implementar un nuevo plan conocido como el PERTE de la Industrialización de la Vivienda. Este programa, presentado por el presidente Pedro Sánchez, busca movilizar 1.300 millones de euros en inversión pública, financiados a través de fondos europeos. Sin embargo, la ejecución de estos fondos ha sido un tema de preocupación, ya que se estima que el 85% de los recursos destinados a la crisis de vivienda en 2024 no han llegado a sus beneficiarios. A continuación, se analizan los objetivos del nuevo PERTE y los retos que enfrenta el Gobierno en su implementación.
**Objetivos del PERTE de la Industrialización de la Vivienda**
El nuevo PERTE tiene como objetivo principal «construir más y mejor vivienda, de manera más rápida y a precios más asequibles». Este enfoque es crucial en un contexto donde la crisis del mercado inmobiliario ha dejado a muchas familias sin acceso a una vivienda digna. El plan se enmarca dentro de una serie de iniciativas del Gobierno para abordar la crisis de vivienda, que ha sido exacerbada por la pandemia y la inflación.
El PERTE se propone facilitar la construcción de viviendas a través de la industrialización, un proceso que busca optimizar los tiempos y costos de construcción mediante el uso de tecnologías avanzadas y métodos de producción más eficientes. Esto podría traducirse en un aumento significativo en la oferta de viviendas, especialmente en el sector del alquiler social, que es uno de los más afectados por la falta de inversión y recursos.
Sin embargo, la implementación de este plan no está exenta de desafíos. La lentitud en la ejecución de los fondos europeos ha sido un tema recurrente, y el ministerio de Vivienda, liderado por Isabel Rodríguez, ha sido señalado como el que peor desempeño ha tenido en este aspecto. A pesar de que se han asignado 3.168 millones de euros a este ministerio, solo se han realizado pagos por 457 millones, lo que representa un 14% de ejecución.
**Retos en la Ejecución de Fondos y la Respuesta del Gobierno**
La situación actual plantea serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para ejecutar el nuevo PERTE de manera efectiva. La Intervención General de la Administración del Estado ha revelado que, en general, el 85,5% de los fondos europeos asignados en 2024 no han llegado a sus destinatarios finales. Esta cifra es alarmante, especialmente en un contexto donde la necesidad de vivienda asequible es crítica.
El atasco en la ejecución de los fondos no solo afecta a la construcción de viviendas sociales, sino también a otros programas relacionados con la rehabilitación energética de edificios. Según el Observatorio de la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), solo se ha asignado el 37% de los 3.420 millones aprobados para este tipo de rehabilitación. Esto pone de manifiesto la falta de coordinación y eficacia en la gestión de los recursos, lo que podría comprometer el éxito del nuevo PERTE.
Además, la situación se complica aún más con la presión de la comunidad internacional y las exigencias de la OTAN, que han llevado al Gobierno a redirigir recursos de otros ministerios, como el de Defensa, que también ha mostrado un bajo desempeño en la ejecución de sus fondos. Esto ha generado críticas y preocupación sobre la capacidad del Gobierno para gestionar adecuadamente los recursos destinados a la vivienda y otros sectores críticos.
La escuela de negocios Esade ha sugerido que es necesario un «recalibramiento de prioridades» para agilizar la ejecución de los fondos europeos. Esto incluye un mayor enfoque en el acceso a la vivienda y el desarrollo de capital humano, áreas que requieren atención urgente para desatascar los recursos disponibles. La Unidad Next Generation de LLYC también ha señalado que los PERTE activos están avanzando con grandes dificultades, lo que podría poner en riesgo la distribución de los fondos antes de la fecha límite establecida para agosto del próximo año.
En resumen, el nuevo PERTE de la Industrialización de la Vivienda representa una oportunidad significativa para abordar la crisis de vivienda en España, pero su éxito dependerá de la capacidad del Gobierno para superar los desafíos actuales en la ejecución de fondos. La falta de coordinación y la lentitud en la implementación de programas anteriores plantean serias dudas sobre si se podrá cumplir con los objetivos establecidos y, lo más importante, si se podrá proporcionar vivienda asequible a quienes más lo necesitan.
