El gobierno de Sánchez escupe sobre los peritos de Valle de los Caídos

Valle de los Caídos

El escrito presentado al Supremo habla de «falta de rigor» en los argumentos para defender el traslado de los restos del dictador a la catedral

La Abogacía del Estado ya ha trasladado al Supremo su escrito de conclusiones sobre la exhumación de Franco, que permanece paralizada de forma cautelar hasta que el alto tribunal adopte una decisión. El documento defiende la decisión adoptada por el Gobierno y arremete contra un informe pericial de la familia del dictador en el que se defendía que los restos sean trasladados a la Cripta de la Almudena y no al cementerio del Pardo-Mingorrubio, opción que defiende el Ejecutivo. El escrito habla de «falta de rigor» en las alegaciones y llega a comparar una parte del informe, la matriz de riesgos, con un «trabajo escolar».

El abogado del Estado reduce el informe pericial «a la opinión de tres personas que se presentan como expertos en seguridad». Un indicador muy poderoso de la mencionada «falta de rigor» lo constituye, según el escrito, que omita un «atentado terrorista» perpetrado en 2013 en uno de los lugares a los que la familia quiere que sean trasladados los restos del dictador, la catedral de la Almudena. El abogado del Estado también critica en su escrito, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, que el trabajo pericial se base en fuentes de información de uso público, «obtenidas en la mayor parte de búsquedas de Internet sencillas» o que no utilice «fuentes de información especializadas en seguridad», y no diferencie entre fuentes de mera divulgación y otras de análisis científico o técnico.

El informe pericial de la familia Franco «mezcla y confunde medidas de prevención para acontecimientos puntuales», como un partido de fútbol, con una situación como la aplicable al traslado de los restos del dictador, que sería estacionaria y permanente. El abogado del Estado incide en que aunque el nivel de alerta terrorista sea el mismo para toda España, y no afecta tan solo al entorno de la catedral, los peritos omiten que el nivel de riesgo obliga a prestar singular atención a «los edificios, centros o instalaciones emblemáticas», entre los que se encuentra el centro de Madrid y en general «todos aquellos lugares o edificios en los que se prevea la existencia de especiales concentraciones de ciudadanos», tal y como indica el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista.

Los peritos contratados por la familia son militares retirados y que han trabajado para empresas de seguridad. La intención de los Franco era desmontar el dictamen del delegado del Gobierno en Madrid, que desaconsejaba La Almudena como lugar de enterramiento del dictador por su emplazamiento céntrico, lo que podría dar lugar a problemas de seguridad. El pasado julio Luis Felipe Utrera, abogado de la familia, minusvaloró el escrito del delegado del Gobierno en Madrid: «No reúne las condiciones de imparcialidad que debe tener un perito», afirmó tras la vista del informe hecho a petición de la familia en el Tribunal Supremo.

La exhumación de Franco fue una de las primeras medidas anunciadas por el Gobierno tras la moción de censura que aupó al socialista Pedro Sánchez a la Moncloa en junio de 2018. El 13 de septiembre de ese mismo año el Congreso convalidó el real decreto ley del Ejecutivo para iniciar los trámites, con la abstención de Ciudadanos y el Partido Popular. La disconformidad de la familia dio inicio a un largo proceso judicial que culminó el 4 de junio con la orden del Tribunal Supremo de paralizar la exhumación de forma cautelar hasta adoptar una decisión sobre el procedimiento.

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