En España, más de tres millones de empleados públicos, que abarcan desde personal sanitario hasta docentes y funcionarios de la Administración General del Estado, están a la espera de una noticia crucial: la efectividad del incremento del 0,5% en sus salarios correspondiente a 2024. Esta medida, acordada entre el Gobierno y los principales sindicatos, forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado con UGT y CCOO en 2022. Este acuerdo preveía subidas salariales entre 2022 y 2024, incluyendo un componente variable que activaría un incremento adicional del 0,5% si la inflación acumulada en el trienio superaba el 8%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Ministerio de Economía, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) acumulado ha sido del 11,6%, lo que activa este nuevo tramo de subida.
El pasado 20 de mayo, durante el II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, disipó cualquier duda sobre la subida salarial. Afirmó que el Gobierno cumplirá con su compromiso y abonará el 0,5% de subida salarial pendiente de 2024. Estas declaraciones suelen generar optimismo entre los trabajadores del sector público, pero aún queda una gran incógnita por resolver: la fecha exacta de cobro.
### Presupuestos de 2025: Un Obstáculo para la Subida
A pesar de la voluntad expresada por el Ejecutivo, el propio ministro ha vinculado la ejecución de este incremento a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, que aún no han sido aprobados. Sin esta cobertura presupuestaria, el Ministerio no puede aplicar la subida por vía ordinaria. Esta situación ha sido objeto de críticas por parte de los sindicatos. Desde CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), el sindicato más representativo en el ámbito público, se ha exigido que el pago se apruebe mediante un real decreto, como se ha hecho en ocasiones anteriores. «El dinero está, solo falta voluntad política», afirman fuentes del sindicato.
La demora en la implementación de la subida salarial ha suscitado diversas especulaciones en medios especializados y generalistas. Algunos analistas sugieren que la tardanza podría estar relacionada con cuestiones de estabilidad presupuestaria o el calendario político del Gobierno. Mientras tanto, el descontento entre los trabajadores aumenta, especialmente porque la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios públicos en la última década. Esta situación contrasta con el reciente anuncio del Banco de España, que prevé una recuperación del gasto público en los próximos trimestres. Muchos funcionarios se preguntan por qué, si los datos macroeconómicos mejoran, el incremento comprometido sigue sin materializarse.
### Expectativas de los Funcionarios para 2025
La subida salarial del 0,5% a los funcionarios está garantizada, tal como confirma el propio Ministerio en documentos oficiales y declaraciones públicas. Sin embargo, el pago depende de la tramitación de los nuevos presupuestos o de una decisión gubernamental excepcional, como un real decreto. Por ahora, los empleados públicos deberán seguir esperando, pero al menos lo hacen con la certeza de que el abono se realizará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024. Hasta entonces, sindicatos y trabajadores continúan presionando para que el Gobierno acelere una decisión que ya ha sido calificada como «un compromiso moral y político».
La situación actual plantea un escenario de incertidumbre para los empleados públicos en España. La falta de claridad sobre la fecha de cobro y la dependencia de los presupuestos para la implementación de la subida salarial generan un clima de inquietud. Los funcionarios, que han visto cómo sus salarios han sido erosionados por la inflación, esperan que el Gobierno actúe con rapidez para cumplir sus promesas. La presión de los sindicatos y el creciente descontento entre los trabajadores podrían influir en la toma de decisiones del Ejecutivo en los próximos meses. En este contexto, la atención se centra en la aprobación de los presupuestos y en la voluntad política de garantizar el bienestar de los empleados públicos en España.
