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El Consejo de Estado detecta carencia de “controles” en el plan del Gobierno para la gestión de los fondos europeos

Ek Consejo de Estado
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NIUS Diario.

  • Se desvelan las conclusiones del informe que el PP y Ciudadanos acusaron al Gobierno de haber ocultado

  • Casado pide que el Ejecutivo dé explicaciones en el Congreso de un documento que califica de “demoledor”

El Consejo de Estado muestra su “preocupación” por la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como “la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones” que supone el Real Decreto sobre la administración de los fondos europeos para la recuperación económica dictado por el Gobierno.

En concreto, el Consejo critica la supresión de la autorización de la Ministra de Hacienda, el hecho de que incumple la exigencia de evaluar el impacto presupuestario, la supresión de informes preceptivos y de los controles económico-presupuestarios que suprimen las autorizaciones para celebrar los convenios.

Todo ello consta en el informe que la Comisión Permanente del Consejo elaboró el pasado 21 de diciembre para examinar el expediente relativo al proyecto de Real Decreto ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La conclusión del Consejo de Estado es que el plan de gestión de los fondos europeos diseñado por el Gobierno “merece en su conjunto una opinión favorable”, aún a pesar de todas las objeciones, algunas de cierto calado, que desliza en su informe.

PP, Ciudadanos y el informe “demoledor”

El Parlamento convalidó el decreto, pero el PP acusó al Gobierno de haber ocultado la oponión del Consejo de Estado por, precisamente, ser crítica con su plan de gestión de las ayudas europeas.

Ahora, Pablo Casado -que dijo incluso que el informe había sido “arrancado” del expediente -ha reclamado la comparecencia del Gobierno. Entiende que el veredicto del Consejo es “demoledor”.

 

Por parte de Ciudadanos, su presidenta Inés Arrimadas ha recordado en redes sociales: “Denunciamos que era una cacicada dejar los fondos europeos en manos de Sánchez y sin control. Por eso ocultaron este informe que lo constata”, dice. Y reclama que se acepte su propuesta de “rectificar y crear una agencia independiente para la gestión de los fondos”.

El portavoz parlamentario de la formación naranja, Edmundo Bal, considera que el informe es “demoledor” y supone “un suspenso rotundo” para el Gobierno que ha hecho una “chapuza” con el Real decreto. Ciudadanos exige la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, para que explique por que el Gobierno “no ha sido transparente” y “ha metido en un cajón” el dictamen del Consejo.

Ahora, el famoso informe se ha hecho público, y en él figura la advertencia del Consejo de que se deben implementar “todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación”.

Los miembros del Consejo hacen distintas observaciones “a la regulación proyectada” por el Gobierno. Y concretan que estas objeciones “con frecuencia tienen como denominador común su “preocupación” ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones”.

Hay algunas de esas observaciones que califican de “esenciales”, al entender que son  “especialmente relevantes” en aras a lograr un “elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos”. Entre ellas, las relativas a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente, incluido el dictamen del Consejo de Estado, antes de resolver los correspondientes procedimientos y de someter a fiscalización previa los expedientes financiados con cargo a los citados fondos.

Discrepancia sobre la necesidad de informes

En este sentido, expone en concreto que en el apartado “Trámites preceptivos para la suscripción de convenios y sus efectos”, el Gobierno contempla que, si los informes del servicio jurídico y otros informes preceptivos no se han recibido en el plazo de siete días establecido, la tramitación del expediente continúe, aunque estos informes se emitan con posterioridad.

El Consejo de Estado considera, sin embargo, que “esta solución suscita algunas discrepancias” y precisa que “la regla general ha de ser la de que el convenio no puede celebrarse en tanto no hayan recaído los informes que se califican normativamente como preceptivos”.

El informe también ve con reparos la “supresión de la práctica totalidad de los instrumentos de control previstos con carácter general para la suscripción de convenios y sus eventuales modificaciones”. Se refiere a los convenios financiables con fondos europeos.

De los informes preceptivos, “únicamente se mantiene el del servicio jurídico”, señala el Consejo de Estado, que en su análisis señala que le “preocupa, en especial, la opción de suprimir los principales controles económico-presupuestarios en la celebración, modificación y extinción de este tipo de convenios, máxime si esta eliminación se pone en conexión con la ampliación de la duración prevista para los mismos”.

Suprimir la autorización de Hacienda “no es aceptable”

El informe del Consejo de Estado también es muy crítico con la supresión “para todos supuestos” de la autorización de la Ministra de Hacienda en los convenios. A juicio de los redactores del informe, “puede entenderse la supresión de la intervención del Consejo de Ministros, habida cuenta de que requiere una tramitación más compleja y puede abarcar un mayor horizonte temporal”. Pero, por contra, defienden que “no parece aceptable” eliminar “con carácter general” la autorización de la Ministra de Hacienda y plantean que se mantenga al menos para “aquellos supuestos en los que se exceden determinados umbrales cuantitativos”.

El Consejo de Estado ve “esencial”,además, que la memoria del análisis de impacto normativo recoja, para cada una de las previsiones que suponen una flexibilización de los mecanismos de control, una “explicación detallada de las razones que la justifican y de los beneficios que a ella se anudan”.

También recalca la pertinencia de que la memoria realice un estudio, aunque sea aproximativo, del impacto presupuestario de las medidas previstas, ya que en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno considera que “se incumple la exigencia del análisis del impacto presupuestario”, que “comprenderá, al menos, una referencia a los efectos en los ingresos y gastos públicos y que incluirá la incidencia en los gastos de personal, dotaciones o retribuciones o cualesquiera otros gastos al servicio del sector público”.

Aunque señala que “no cabe duda de que puede ser difícil cuantificar dicho impacto en un contexto como el actual, de máxima urgencia en la aprobación de las medidas necesarias para la gestión y ejecución de los fondos europeos”, recalca que aunque no se puedan dar cifras más o menos precisas, sí se puede indicar la incidencia esperada de las distintas medidas de corte presupuestario que contiene el proyecto y elaborar una estimación aproximada de su repercusión.

Esto es, enfatiza que es “ciertamente relevante” para poder valorar el impacto presupuestario del proyecto pues, aun habiéndose flexibilizado ante la crisis las exigencias derivadas de la estabilidad presupuestaria, “es importante preservar el rigor en la gestión de los ingresos y gastos públicos”.

El Gobierno replicó que ni era preceptivo ni vinculante ni había obligación de incorporarlo al expediente presentado en el Congreso para la convalidación del Real Decreto.