La situación actual de la gestión de los fondos europeos en España presenta un panorama complejo y lleno de desafíos. Desde la solicitud del quinto desembolso de los fondos Next Generation, que se realizó hace cinco meses, el Gobierno ha enfrentado múltiples obstáculos que han retrasado no solo este pago, sino también el avance de reformas cruciales para el desarrollo económico del país. La falta de cumplimiento con los compromisos adquiridos ante la Comisión Europea ha puesto a España en una posición vulnerable, arriesgando la pérdida de recursos vitales para la recuperación económica.
Uno de los principales problemas radica en que varias reformas necesarias para acceder a estos fondos se han estancado en el Congreso. Entre ellas, destaca la reforma fiscal que busca equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina, un compromiso que el Gobierno intentó incluir en su paquete fiscal, pero que fue rechazado por la oposición. Este tipo de bloqueos legislativos no solo retrasa el acceso a los fondos, sino que también afecta la credibilidad del Gobierno ante la Unión Europea.
Además, el informe de progreso anual enviado por el Gobierno a finales de abril ha generado controversia, ya que se da por cumplida la reforma fiscal en una fase inicial, dejando para más adelante un aumento adicional de ingresos tributarios. Esta estrategia ha sido criticada, ya que podría no ser suficiente para satisfacer las exigencias de Bruselas, que espera un cumplimiento riguroso de los compromisos adquiridos.
### Reformas Pendientes y su Impacto
Las reformas que aún están pendientes de aprobación son numerosas y abarcan diversas áreas. La Ley de Servicios Sociales y la Ley de Familias son solo algunas de las iniciativas que llevan meses en el Congreso sin avanzar. La falta de consenso político ha sido un obstáculo significativo, ya que el Gobierno necesita el apoyo de otros partidos para sacar adelante estas reformas. Sin embargo, la situación se complica aún más con la llegada de nuevas propuestas legislativas que también requieren atención y debate.
Por otro lado, el Gobierno ha tenido que modificar sus compromisos de inversión para evitar que Bruselas embargue parte del desembolso. Esto implica una simplificación de los objetivos de inversión, como en el caso de la rehabilitación de espacios mineros y el tratamiento de aguas residuales. Los cambios en los criterios de cumplimiento han generado preocupaciones sobre la efectividad de estas inversiones y su impacto real en la economía.
La modificación de plazos también ha sido una constante en la gestión de estos fondos. Por ejemplo, el Plan integral de impulso a la Economía Social ha visto su plazo de cumplimiento retrasado en seis meses debido a circunstancias imprevistas, como inundaciones. Este tipo de ajustes no solo afectan la planificación del Gobierno, sino que también generan incertidumbre en el sector privado, que espera ver resultados tangibles de estas inversiones.
### La Urgencia de Actuar
La urgencia de actuar es evidente, ya que el tiempo corre en contra de España. La Comisión Europea ha establecido un plazo hasta agosto de 2026 para que el país cumpla con los compromisos adquiridos. Si no se logran avances significativos en las reformas y las inversiones, España podría perder más de 100.000 millones de euros que aún no ha recibido. Esta situación no solo afectaría la recuperación económica post-pandemia, sino que también podría tener repercusiones en el bienestar social y en la estabilidad política del país.
Los expertos advierten que, aunque no hay objetivos que se consideren especialmente problemáticos en este momento, la digitalización de las administraciones públicas es un área que requiere atención inmediata. La falta de avances en este ámbito podría convertirse en un obstáculo significativo para el acceso a futuros fondos europeos.
En resumen, la gestión de los fondos europeos en España enfrenta un panorama complicado, marcado por la falta de consenso político y la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos. La capacidad del Gobierno para superar estos desafíos será crucial para garantizar el acceso a los recursos necesarios para la recuperación económica y el desarrollo sostenible del país.
