En los últimos días, el Gobierno de Pedro Sánchez ha enfrentado una serie de reveses en su relación con la Unión Europea (UE), lo que ha puesto en entredicho su capacidad para navegar en un entorno político cada vez más complejo. La amnistía y la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell han sido los principales focos de atención, revelando tensiones entre las decisiones del Ejecutivo español y las expectativas de Bruselas.
**La Amnistía y su Impacto en la Relación con Bruselas**
Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, el Gobierno español ha mantenido una relación relativamente fluida con la Comisión Europea, siendo considerado un alumno aventajado en la implementación de políticas económicas y de recuperación post-pandemia. Sin embargo, la reciente aprobación de la ley de amnistía ha generado un clima de incertidumbre. La Comisión Europea ha cuestionado la compatibilidad de esta ley con los valores fundamentales de la UE, sugiriendo que podría ser vista como una «autoamnistía». Este término, utilizado por un representante de la Comisión, ha resonado en el ámbito político, generando críticas y dudas sobre la legitimidad de la medida.
El abogado de la Comisión Europea, Carlos Urraca Caviedes, argumentó que la Ley Orgánica de Amnistía no responde a un interés general, sino que es parte de un acuerdo político para facilitar la investidura del Gobierno. Esta afirmación ha suscitado un debate intenso sobre la naturaleza de la amnistía y su impacto en la cohesión social y política en España. A pesar de las críticas, el Gobierno se muestra optimista, confiando en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalará la ley, aunque la incertidumbre persiste.
**Obstáculos a la Fusión BBVA-Sabadell**
Otro desafío significativo para el Gobierno ha sido la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España, cuestionando las leyes que el Gobierno utilizó para imponer condiciones a esta operación. Según Bruselas, solo el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales de competencia deberían tener la autoridad para pronunciarse sobre la fusión, lo que pone en entredicho la capacidad del Gobierno para interferir en decisiones empresariales.
Este procedimiento de infracción se ha gestado tras un año de diálogo entre la Comisión y el Gobierno español, donde las advertencias de Bruselas fueron desoídas. La decisión de condicionar la OPA ha sido vista como un intento de proteger los intereses de los socios independentistas del Gobierno, lo que ha llevado a una mayor presión sobre Sánchez. La Comisión ha dado un plazo de dos meses para que España subsane las deficiencias legales que han llevado a esta situación, lo que podría implicar cambios significativos en la legislación vigente.
El impacto de esta decisión es considerable, ya que no solo afecta a la relación entre el Gobierno y la Comisión, sino que también refuerza la posición de BBVA en su lucha por llevar a cabo la fusión. La situación se complica aún más por el hecho de que el Gobierno ha estado acostumbrado a una buena sintonía con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo que hace que estos reveses sean aún más sorprendentes.
**Rechazo a la Oficialidad de Lenguas en la UE**
Para culminar una semana complicada, el Gobierno español también ha enfrentado un rechazo por parte de varios países miembros de la UE a la propuesta de oficializar el catalán, el euskera y el gallego. Alemania, Italia, Croacia, Austria, Suecia, Finlandia y República Checa han expresado sus dudas sobre la viabilidad de esta iniciativa, lo que ha llevado a un aumento de la tensión entre España y estos países.
El ministro de Exteriores de Luxemburgo ha señalado que, aunque comprende la importancia del multilingüismo para España, considera que el momento no es el adecuado para plantear este debate. Esta postura ha llevado al Gobierno español a elevar el tono, sugiriendo que hay motivos políticos detrás de este veto, lo que añade otra capa de complejidad a las relaciones entre España y la UE.
El Gobierno ha defendido su propuesta, argumentando que ha respondido a todas las dudas planteadas y que no hay justificación para el retraso en la discusión de esta iniciativa. Sin embargo, la resistencia de otros países sugiere que la cuestión de la oficialidad de las lenguas puede requerir una revisión más profunda de los tratados de funcionamiento de la UE, lo que podría complicar aún más la situación.
En resumen, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una serie de desafíos en su relación con la Unión Europea, desde la amnistía hasta la fusión bancaria y la oficialidad de las lenguas. Estos obstáculos no solo ponen a prueba la capacidad del Ejecutivo para gestionar su agenda política, sino que también reflejan las tensiones inherentes en un entorno europeo cada vez más complejo y dividido.
