La reciente decisión de la Comisión Europea de suspender el pago de 627 millones de euros de los fondos Next Generation EU ha desatado una ola de críticas entre los funcionarios públicos en España. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha expresado su descontento, señalando que esta medida refleja la grave situación que atraviesan las administraciones públicas en el país.
### La Realidad de la Temporalidad en el Empleo Público
La suspensión de estos fondos se debe a la falta de cumplimiento de España en la reducción de la temporalidad en el empleo público, un problema que ha sido señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según Miguel Borra, presidente de CSIF, la temporalidad en el sector público se mantiene en un alarmante 30%, tres veces más que en el sector privado, a pesar de que la ley establece un límite del 8%. Esta situación ha llevado al sindicato a exigir medidas urgentes para abordar el problema.
Borra ha mencionado que sectores clave como el SEPE, la Seguridad Social, la Justicia, la Educación y la Sanidad están sufriendo las consecuencias de esta temporalidad descontrolada. «Nuestras administraciones están muy mal», afirmó, subrayando la necesidad de una reunión urgente con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Entre las demandas del sindicato se incluye la eliminación de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público y la implementación de sanciones a los gestores que abusen de la temporalidad.
Además, el presidente de CSIF ha criticado la reciente subida salarial del 0,5% aprobada por el Gobierno, argumentando que esta corresponde al año 2024 y que aún no se ha negociado la correspondiente a este año. Según sus cálculos, la subida media pendiente asciende a 374 euros por empleado público, lo que equivale a que el Gobierno estaría reteniendo alrededor de 1.112 millones de euros.
### Consecuencias del Bloqueo de Fondos Europeos
El impacto del bloqueo de los fondos europeos no se limita a la temporalidad en el empleo público. La Comisión Europea ha decidido retener 500 millones de euros adicionales por el incumplimiento de otros compromisos, como la subida fiscal al diésel y la digitalización de comunidades y ayuntamientos. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la capacidad del Gobierno para cumplir con los objetivos establecidos y a plantear dudas sobre la gestión de los fondos europeos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha intentado minimizar el impacto de esta decisión, celebrando que la Comisión ha validado el cumplimiento de otros objetivos y que se concederá una parte de los fondos. Sin embargo, esto no compensa la pérdida de los 627 millones ni de los 500 millones adicionales. La situación ha generado un clima de incertidumbre en el que muchos funcionarios se sienten desprotegidos y desmotivados.
La respuesta de CSIF ha sido clara: el sindicato ha anunciado que retomará las movilizaciones en defensa de los derechos de los trabajadores públicos. La falta de acción por parte del Gobierno y la continua precariedad en el empleo público han llevado a los funcionarios a sentirse abandonados.
La crisis en el sector público no es un problema nuevo, pero el reciente bloqueo de fondos europeos ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar la temporalidad y la falta de recursos en las administraciones. La presión sobre el Gobierno para que actúe es cada vez mayor, y los funcionarios están decididos a luchar por sus derechos y por un futuro más estable en el sector público.
En este contexto, la situación se complica aún más con el anuncio de nuevas movilizaciones por parte de CSIF. La falta de respuesta del Gobierno ante las demandas de los funcionarios podría llevar a un aumento de la tensión social y a un deterioro aún mayor de la calidad de los servicios públicos. La situación es crítica y requiere una atención inmediata para evitar que se convierta en una crisis aún más profunda.
