La reciente ola de incendios forestales en España ha desatado un intenso debate político sobre la responsabilidad de los gobiernos en la gestión de emergencias. Con un saldo trágico que incluye víctimas mortales y la devastación de extensas áreas naturales, los líderes del Partido Popular (PP) han intentado desviar la atención hacia el Gobierno central, acusándolo de no haber asumido sus competencias en la prevención y control de incendios. Esta situación ha generado una serie de reacciones y críticas que merecen ser analizadas en profundidad.
La situación se tornó crítica en agosto de 2025, cuando el paraje natural de Las Médulas, en León, comenzó a arder. A pesar de que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que había un operativo suficiente para combatir el fuego, la realidad era que la situación se había vuelto insostenible. En medio de la crisis, se registró la primera víctima mortal entre los voluntarios que luchaban contra el fuego, un hecho que subrayó la gravedad de la situación. Sin embargo, en lugar de asumir la responsabilidad de la gestión de emergencias, el PP ha optado por buscar chivos expiatorios, señalando al Gobierno central como el principal culpable de la tragedia.
### La Estrategia del PP: Desviar la Atención
Desde el inicio de la crisis, los líderes del PP han intentado reescribir la narrativa en torno a los incendios. En lugar de reconocer la falta de preparación y recursos en las comunidades autónomas, han optado por culpar al Gobierno por no haber anticipado las necesidades de apoyo. Esta estrategia se ha visto reflejada en las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien, durante una visita a Galicia, habló de «terrorismo incendiario» como una forma de justificar la incapacidad de prever la magnitud de la tragedia.
El discurso del PP ha cambiado drásticamente en las últimas semanas. Inicialmente, los presidentes autonómicos populares rechazaron la ayuda de medios estatales para combatir los incendios, argumentando que tenían la situación bajo control. Sin embargo, a medida que la crisis se intensificó, comenzaron a señalar al Gobierno por no haber asumido las competencias que, según ellos, les correspondían. Este cambio de postura ha generado confusión y desconfianza entre la población, que observa cómo los líderes políticos intentan eludir su responsabilidad en un momento crítico.
### La Realidad de la Gestión de Emergencias
La gestión de incendios forestales en España es un tema complejo que involucra tanto a las comunidades autónomas como al Gobierno central. Cada nivel de gobierno tiene competencias específicas, y la coordinación entre ellos es fundamental para una respuesta efectiva ante emergencias. Sin embargo, la falta de recursos y la escasa preparación han sido evidentes en esta crisis.
Los incendios forestales no son un fenómeno nuevo en España, pero la magnitud de la crisis actual ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión profunda de las políticas de prevención y respuesta. La falta de inversión en infraestructura y recursos humanos ha dejado a muchas comunidades autónomas vulnerables ante situaciones de emergencia. En este contexto, la búsqueda de culpables por parte del PP parece más un intento de desviar la atención de sus propias fallas en la gestión que una verdadera preocupación por la seguridad de los ciudadanos.
La tragedia de Las Médulas y otros incendios en el país han dejado claro que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno es esencial. La Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros cuerpos de seguridad deben ser parte integral de la estrategia de respuesta, pero también es crucial que las comunidades autónomas estén preparadas para actuar de manera efectiva. La falta de coordinación y la politización de la crisis solo agravan la situación, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y la integridad de los ecosistemas afectados.
En medio de esta crisis, es fundamental que los ciudadanos exijan a sus líderes una gestión responsable y transparente. La política no puede ser un juego de culpas en momentos de emergencia; se requiere un enfoque colaborativo que priorice la seguridad y el bienestar de la población. La responsabilidad no debe ser un tema de debate político, sino un compromiso compartido por todos los actores involucrados en la gestión de emergencias. Solo así se podrá avanzar hacia una solución efectiva que prevenga futuras tragedias y garantice la protección de los recursos naturales y la vida de las personas.
