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Bruselas abrirá una investigación al Gobierno por el ‘caso Plus Ultra’

Garicano presenta una denuncia formal a la Comisión Europea por “ayuda ilegal de Estado” y activa un procedimiento

La Comisión Europea abrirá los trámites para una investigación específica sobre la ayuda de Estado a Plus Ultra. Bruselas tendrá que analizar el caso y decidir, como mínimo, si procede un examen en profundidad sobre la legalidad del rescate.

El procedimiento ha sido iniciado tras presentar el eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, una denuncia formal a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

En el escrito presentado ayer, el eurodiputado liberal denuncia que es un caso de «mal uso de dinero público». Recuerda que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobado a España por su compañera de partido, la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, «se circunscribe a las empresas que tienen una importancia sistémica o estratégica importancia».

Sin embargo, «a la luz de los hechos, parece manifiestamente erróneo calificar a Plus Ultra de estratégica. Teniendo sólo cuatro aviones y volando a cuatro destinos, representa una cuota de mercado inferior al 0,1% en España». Garicano subraya sus fuertes pérdidas previas a la pandemia y que «la aerolínea sólo operó en 2019 el 0,03% de todos los vuelos del país. De hecho, el Gobierno de España no la incluye en su ranking de las 30 mayores aerolíneas del país y, en la nota de prensa emitida al aprobar la medida, admite que opera en un nicho de mercado». Garicano recuerda también que los 53 millones de euros aprobados por el Gobierno el pasado mes para Plus Ultra equivalen a 150.000 euros por empleado, tal y como publicó este diario.

«En conclusión, parece que el Gobierno español ha hecho un uso abusivo de una ayuda autorizada, concediendo un préstamo desproporcionado a una empresa manifiestamente no estratégica y que no era financiable antes del estallido de la pandemia».

La iniciativa de Garicano es inédita, puesto que no suelen ser los eurodiputados quienes presentan denuncias por ayuda de Estado ilegal. La Comisión Europea las admite de personas o empresas que se vean afectadas, pero lo usual es que sean competidoras o asociaciones empresariales que consideren ilegal una subvención a determinada compañía. Sin embargo, Bruselas no excluye que cualquier ciudadano europeo pueda presentar el formulario de denuncia, si demuestra que se ve perjudicado.

Garicano lo razona así en su denuncia: «Como miembro del Parlamento Europeo y vicepresidente de Renew Europe, represento los intereses de todos mis electores, en particular de los ciudadanos y empresas europeas que tienen interés en la correcta aplicación por parte de los Estados miembros de las decisiones autorizadas en materia de ayudas estatales».

Según el eurodiputado, «esto incluye a los consumidores finales, los trabajadores y los competidores directos que pueden verse afectados por las potenciales distorsiones de la competencia que esta medida puede provocar». La Comisión Europea está obligada a tramitar la denuncia y hacer un primer análisis sobre el caso Plus Ultra. Una alternativa es que, tras analizarlo, considere que Garicano no es adecuado para denunciar, pero sentaría un precedente sobre la legitimidad del Parlamento Europeo para defender los intereses de sus electores.

De momento, un portavoz de la Comisión consultado por este diario declinó hacer comentarios específicos sobre Plus Ultra. Se limitó a señalar que «corresponde a los Estados miembros garantizar que se cumplan las condiciones y salvaguardias de los regímenes aprobados por la Comisión y asegurarse que, en general, las normas sobre ayudas estatales sean respetadas por las medidas de apoyo concedidas en el marco de estos regímenes».

El Gobierno tiene obligación de notificar a Vestager las ayudas que superen los 250 millones de euros para una evaluación individual del caso por parte de Bruselas, pero no si es de 53 millones. Eso no obsta para que la Comisión Europea lo investigue de oficio o en caso de denuncia.

La solicitud del Partido Popular de crear una comisión parlamentaria de investigación sobre las ayudas a Plus Ultra superó ayer un primer trámite en la Mesa del Congreso de los Diputados. La portavoz parlamentaria Cuca Gamarra señaló que espera que la Junta de Portavoces la apruebe para votación en el Pleno del Congreso: “Cada día queda constatado y se demuestra que tiene más vínculos entre el Gobierno de Sánchez y el Gobierno de Maduro que lo que puede tener de estratégica para España y los españoles”.