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El Tribunal de Cuentas ve «otra malversación» en las fianzas del procés

Fuentes de la institución fiscalizadora señalan que destinar dinero público a avalar los 5,4 millones por la promoción exterior del plan independentista puede acarrear «otro perjuicio contable»

Los 34 ex altos cargos de la Generalitat –-entre ellos los ex presidentes Carles Puigdemont Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras– a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por el dinero gastado entre 2011 y 2017 para promocionar el «procés» en el extranjero tienen 48 horas más (hasta medianoche del próximo lunes) para avalar esas cantidades.

La instructora del procedimiento decidió ayer ampliar el plazo tras constatar que los supuestos responsables contables se han limitado a anunciar que van a cumplimentar las fianzas sin remitir los avales exigidos.

La mayor parte de esa cantidad será asumida por el Instituto Catalán de Finanzas (solo cuatro de los afectados han avalado personalmente los montantes reclamados). Pero una vez cumplimentados, será el Tribunal de Cuentas el que determine la idoneidad de esos avales. Y no parece que la Generalitat lo vaya a tener fácil para conseguir el visto bueno a su intención de avalar las fianzas con el recién creado Fondo Complementario de Riesgos.

Y es que fuentes del organismo fiscalizador confirman que la instructora deberá pronunciarse sobre «la adecuación del aval», es decir, dilucidando «si es un método válido en derecho para afianzar las cantidades reclamadas», además de determinar «si es suficiente».

Fondo de Liquidez Autonómica

Y expresan sus dudas sobre la opción escogida por el Gobierno de Pere Aragonés. «Se pretende avalar un presunto perjuicio de fondos públicos con más fondos públicos, con lo que se puede estar generando otro perjuicio contable», advierten. Además, subrayan que el Instituto Catalán de Finanzas «se nutre de partidas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que tenían un destino concreto, que es la Sanidad».

El decreto de la Generalitat del pasado julio por el que se crea el Fondo Complementario de Riesgos (del que saldrán los fondos para los avales) estipula que los beneficiados deben restituir el dinero si son condenados. Una salvaguarda para evitar posibles imputaciones por malversación. Pero no sitúa la obligación de devolver el dinero en el momento en que la sentencia sea firme, sino cuando «se hayan agotado todas las vías de impugnación judiciales y jurisdiccionales, estatales e internacionales».