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El caso de una mujer violada en Huelva sentó las bases para archivar la denuncia de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco en una imagen de archivo
Rocío Carrasco en una imagen de archivo

Daniel Montero – NIUS Diario

  • La joven fue violada en 2009 y pidió al Supremo que aumentara la condena de su agresor por los presuntos daños psicológicos

  • El Alto Tribunal rechazó su recurso al considerar que los daños estaban recogidos en el propio delito de violación

  • Además marcó la pauta del caso de Rocío Carrasco al considerar que el delito de maltrato psíquico requiere de un detonante y una dolencia diferenciados

Poco podía imaginar Rocío Carrasco en 2017 que su futuro judicial cuando denunció a Antonio David Flores por presuntos malos tratos estaba unido al de Dolores (nombre ficticio), una desconocida de Huelva a la que su marido, diez años antes, dio una paliza en casa que terminó en violación. ¿El denominador común entre ellas? Ambas mujeres, adultas, denunciantes de una situación de presunto maltrato y descontentas con el resultado judicial que no les ha dado la razón. Tanto que Dolores reclamó al Tribunal Supremo en 2011 que su marido fuera condenado por las supuestas secuelas psíquicas de sus actos además de por las físicas. El Supremo lo rechazó al no considerarlas probadas. Y después, la Audiencia Provincial de Madrid utilizó esta misma decisión como jurisprudencia para archivar el caso de Rocío Carrasco.

Sin embargo, el calvario de Dolores arrancó mucho antes. Fue en 1999, cuando a sus 26 conoció a Hipólito, un hombre 11 años mayor que ella. Desde el inicio de la relación Hipólito insultaba a Dolores. Le amenazaba de muerte y con rajarle la cara. Le tiraba la comida encima cuando no le gustaba. Le pegaba. Cuando Hipólito le marcaba el cuerpo, ella se quedaba en casa durante días para que nadie pudiera ver las heridas. “Hipólito produjo en Dolores un aislamiento familiar y social, pues impedía que se relacionase de manera normalizada con su familia y amigos  […] A pesar de las múltiples agresiones sufridas, Dolores nunca fue al médico, salvo después de ocurrir la última. Tampoco había denunciado antes todo lo que estaba pasando por miedo a Hipólito y temor a perder sus hijos”, refleja la sentencia como hechos probados. “Le gritaba diciéndole que era puta, asquerosa y que le iba a rajar la cara, incluso acercándole la navaja , haciéndole gestos como si la fuese a cortar”.

Y en ese infierno, la madre de Dolores cayó enferma. Tanto que su hija tardó varias horas en llegar a casa al estar tratando de atenderla en el hospital. Cuando llegó a la vivienda, Hipólito le dio una fuerte paliza y la violó después, acusando a su pareja de estar “todo el día follando por ahí”. Poco después, Dolores no pudo más y denunció. “Como resultado de la situación intimidatoria y agresiva vivida durante la relación y convivencia, Dolores padece desde hace bastante tiempo un fuerte estado de ansiedad y depresión psicológica sufridas durante mucho tiempo”, consideró probado el juzgado.

Una condena insuficiente para ella

El 19 de noviembre de 2010, la Audiencia Provincial de Huelva decidió condenar a Hipólito a nueve años y dos meses de prisión por delitos de violencia física y psíquica habitual en el ámbito familiar, un delito de lesiones y otro de agresión sexual. Sin embargo. Dolores recurrió al Supremo, al considerar que los jueces no habían tenido en cuenta los malos tratos psicológicos que había sufrido durante años junto a su marido y que la sentencia debía ser más dura. Sin embargo, el alto tribunal no le dio la razón, y la argumentación jurídica ha quedado como jurisprudencia marcada para los casos de presunta violencia psicológica, el delito denunciado por Rocío Carrasco.

Lo primero que marcan los legisladores en su decisión, que se aplica ahora a todos los procesos de presunta violencia psicológica, es que las lesiones tienen que tener una “autonomía propia y por tanto típica”. Es decir, no estar enmarcadas dentro de la consecuencia de ningún otro delito: “Las alteraciones psíquicas ocasionadas a la víctima de una agresión sexual ya han sido tenidas en cuenta por el legislador al tipificar la conducta y asignarle una pena por lo que ordinariamente quedan consimidas por el tipo delictivo correspondiente”, refleja la decisión del Supremo.

La Jurisprudencia -prosigue la sentencia- ha venido exigiendo para construir el delito de lesiones psíquicas, saber con certeza cuál ha sido el resultado típico correspondiente a un delito de esa clase, y además tener seguridad sobre la relación de causalidad entre la acción y el resultado producido, en cuanto que “es importantísimo saber cuál fue en concreto el tratamiento médico, pues el tipo penal excluye los supuestos de pura y simple prevención u observación, ya que precisa la constancia con plena seguridad, de una intervención médica activa que objetivamente sea procedente, pues de otra forma quedaría en manos de la víctima la calificación de los hechos”, reflejan los juristas, aludiendo a una sentencia de 2003.

De hecho, la decisión judicial explica incluso que los tratamientos psicológicos “a pesar de su importancia y de sus posibles efectos beneficiosos para aquél a quien se aplica, no puede identificarse a efectos penales con el tratamiento médico o quirúrgico exigido por este tipo […] Pues en la interpretación que del mismo ha realizado la doctrina y la jurisprucendia se señala que la prescripción sea realizada por un médico como necesaria para la curación”.

La teoría aplicada a Dolores

En el caso de la mujer violada en Huelva, el Supremo explicó que “las consecuencias de orden psico-psicológico de las agresiones de que fue víctima la denunciante son, por así decir, las propias de quien ha padecido tan odiosas y crueles tratos por parte de quien, por esas acciones, han sido sancionados a penas severas, y por ello, consideramos -tal como ha argumentado la sentencia de instancia- que las mencionadas consecuencias no exceden de las naturales secuelas que conllevan para la víctima de esas conductas criminales”, y por tanto desestimó su petición.

Así, la decisión del Supremo sentó jurisprudencia y sirvió de guía para que el resto de las salas de Justicia de toda España interpretaran al unísono la doctrina. Algo que sucedió en el caso de Rocío Carrasco casi diez años después, cuando la Audiencia Provincial de Madrid expuso esta sentencia como antecedente para archivar la denuncia. En el caso de la hija de Rocío Jurado, los jueces recuerdan esta doctrina al considerar que no se puede acreditar la “causalidad” exclusiva entre los problemas sufridos por la denunciante y las manifestaciones pública de su exmarido, pese a que los peritos sí que certifiquen que esa condición se agravaba con cada aparición de su expareja en los medios criticando su figura como madre. Así, el procedimiento quedó archivado y al no apreciar la Justicia indicio alguno de delito en el comportamiento de Antonio David Flores.