La proliferación de pseudoterapias ha generado un creciente debate sobre la regulación de prácticas que pueden poner en riesgo la salud de los pacientes. Un caso reciente que ha captado la atención pública es el de Margarita Galaz, una ‘curandera’ negacionista del cáncer que ha sido acusada de manipular a sus pacientes, llevando a una de ellas a la muerte. Este artículo explora las implicaciones de su caso y la respuesta de las autoridades sanitarias ante este tipo de prácticas.
### La historia de Margarita Galaz y su comunidad de pseudoterapia
Margarita Galaz, residente en Sevilla, ha sido objeto de una querella por homicidio tras la muerte de Fabiola Lorena Vega Espinoza, quien falleció en 2024 debido a un cáncer de mama. Según las acusaciones, Galaz convenció a Espinoza de que su enfermedad era causada por conflictos emocionales y la disuadió de buscar tratamiento médico convencional. Las hermanas de la víctima sostienen que, si su hermana hubiera recibido atención médica adecuada, podría haber sobrevivido.
Galaz se presenta como fundadora de la ‘Comunidad Hameriana’, una organización que promueve la Nueva Medicina Germánica, una corriente pseudomédica que niega la existencia del cáncer y atribuye su origen a conflictos emocionales. Esta ideología se basa en las teorías de Ryke Geerd Hamer, un médico alemán condenado por ejercicio ilegal de la medicina. A través de múltiples plataformas digitales, Galaz ofrece cursos y asesorías, prometiendo ayudar a los pacientes a ‘superar’ sus enfermedades.
El caso de Galaz no es aislado. En España, la promoción de pseudoterapias ha crecido, y muchos pacientes han sido víctimas de estas prácticas engañosas. La falta de regulación efectiva y la escasa capacidad inspectora del Ministerio de Sanidad han permitido que estas actividades prosperen sin consecuencias legales significativas.
### La respuesta del sistema legal y sanitario
El Ministerio de Sanidad español ha comenzado a investigar las actividades de Galaz tras la denuncia interpuesta por RedUNE, una red dedicada a la prevención del sectarismo y el abuso de debilidad. Sin embargo, el proceso para cerrar una página web que promueve pseudoterapias es complicado. Según el abogado Fernando Frías, se requiere que el contenido de la web represente un peligro para la salud pública, lo que implica un proceso judicial que puede ser largo y complicado.
El artículo 4 del Real Decreto 1907/1996 prohíbe la publicidad de productos y tratamientos que se destinen a la prevención, tratamiento o curación de enfermedades graves, incluyendo el cáncer. Sin embargo, la aplicación de esta normativa es insuficiente, y muchos de estos ‘terapeutas’ continúan operando sin restricciones. La situación se complica aún más por la necesidad de equilibrar la protección de la salud pública con la libertad de expresión, un dilema que ha llevado a que muchos casos de pseudoterapia queden sin resolver en los tribunales.
El caso de Galaz podría marcar un precedente en la lucha contra las pseudoterapias en España. Si se logra demostrar que la voluntad de la víctima fue erosionada hasta el punto de no poder decidir por sí misma, esto podría abrir la puerta a una mayor responsabilidad legal para quienes promueven estas prácticas. Sin embargo, la historia muestra que los tribunales a menudo son reacios a condenar a los falsos curanderos, como se evidenció en el caso de Juan Ramón Llorente, quien fue absuelto de homicidio imprudente tras la muerte de un joven que abandonó la quimioterapia.
La falta de acción efectiva por parte de las autoridades sanitarias ha llevado a un aumento en la desinformación médica y a la proliferación de prácticas peligrosas. La comunidad médica y los defensores de la salud pública están pidiendo una mayor regulación y un enfoque más proactivo para abordar el problema de las pseudoterapias. La situación actual pone de manifiesto la necesidad urgente de proteger a los pacientes de la desinformación y de garantizar que tengan acceso a tratamientos seguros y efectivos.
El caso de Margarita Galaz es un recordatorio de los peligros que representan las pseudoterapias y la importancia de una regulación adecuada para proteger la salud pública. A medida que la sociedad se enfrenta a estos desafíos, es fundamental que se tomen medidas para garantizar que los pacientes reciban la atención médica que necesitan y merecen.
