En el contexto político actual de España, el Partido Popular (PP) ha intensificado su control sobre los medios de comunicación públicos en diversas comunidades autónomas. Este fenómeno se ha manifestado a través de cambios legislativos, nombramientos estratégicos y la eliminación de mecanismos de control que garantizaban la independencia de estos medios. A medida que se acercan las elecciones, el PP busca asegurar un tratamiento favorable en los medios públicos, lo que ha generado un clima de tensión y protestas entre los trabajadores de estos canales.
**Manipulación y Control en la Comunitat Valenciana**
La Comunitat Valenciana ha sido un claro ejemplo de cómo el PP ha intentado consolidar su control sobre los medios públicos. La televisión À Punt, que fue reabierta en 2017 tras el cierre de Canal 9, ha visto cómo su estructura se ha desmantelado bajo el gobierno de Carlos Mazón. Este proceso ha incluido la modificación de leyes que antes garantizaban la independencia de los medios, permitiendo que el consejo de administración de À Punt se elija por mayoría simple, lo que facilita el control del PP y Vox sobre la dirección del canal.
El nombramiento de Francisco Aura como director general ha sido especialmente controvertido. Aura, quien ya había estado vinculado a Canal 9 durante su etapa más oscura, ha comenzado a eliminar programas críticos con la gestión del gobierno actual. Además, se ha suprimido el Consejo de Informativos, que anteriormente supervisaba la imparcialidad de la información, lo que ha generado una ola de dimisiones entre los periodistas de la cadena.
Este control sobre À Punt es parte de una estrategia más amplia del PP para asegurar que los medios públicos transmitan un mensaje alineado con sus intereses políticos, lo que ha suscitado protestas de sindicatos y trabajadores que denuncian la manipulación informativa.
**IB3 y el Polvorín Balear**
En las Islas Baleares, la situación en IB3 refleja un conflicto similar. La radiotelevisión pública ha sido objeto de críticas por su gestión política, especialmente tras el nombramiento de Josep Codony como director general. Este cambio ha sido percibido como un intento del PP de colocar a un aliado político en una posición clave, lo que ha desatado protestas por parte de los trabajadores que exigen mejoras laborales y una mayor independencia editorial.
Codony, un exmilitante del PP, ha sido criticado por no tener un trasfondo periodístico sólido, lo que plantea dudas sobre su capacidad para dirigir un medio público de manera imparcial. La Asociación de Periodistas de Illes Balears ha manifestado su preocupación por la falta de profesionalismo en la dirección de IB3, lo que podría comprometer la calidad informativa de la cadena.
La situación en IB3 se complica aún más por la presión que el PP está ejerciendo para aprobar presupuestos, lo que ha llevado a un clima de inestabilidad y descontento entre los empleados de la cadena. Las protestas han resurgido, recordando que las demandas de mejoras laborales han sido ignoradas durante años.
**Galicia y el Control de la CRTVG**
En Galicia, el PP ha mantenido un control férreo sobre la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) durante más de una década. La gestión de Alfonso Rueda ha continuado la tradición de manipulación informativa que ha caracterizado a la CRTVG bajo el liderazgo del PP. Las reformas legales impulsadas por el partido han permitido que el director general sea nombrado por mayoría absoluta, eliminando así la necesidad de consenso con la oposición.
La oposición y los sindicatos han denunciado que estas reformas han debilitado los mecanismos de control interno, como el Consejo de Informativos, que era fundamental para garantizar la independencia de la información. La CRTVG ha sido acusada de convertirse en un instrumento de propaganda del PP, lo que ha llevado a protestas continuas por parte de los trabajadores, quienes han exigido una mayor transparencia y pluralidad en la programación.
**Madrid: La Purga de Telemadrid**
En la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha llevado a cabo una serie de purgas en Telemadrid que han sido calificadas de ilegales por el Tribunal Supremo. La eliminación de la anterior dirección, que había sido elegida por consenso, ha permitido al PP consolidar su control sobre la cadena. Ayuso ha implementado reformas que facilitan el nombramiento de directores afines al partido, lo que ha transformado a Telemadrid en un medio de propaganda al servicio del gobierno regional.
Las críticas hacia Telemadrid han aumentado, especialmente por parte de la oposición, que ha señalado la falta de pluralidad en la programación y la manipulación de la información. A pesar de las acusaciones, Ayuso ha centrado sus críticas en TVE, argumentando que esta cadena está en una campaña continua contra su gobierno.
**El Futuro de los Medios Públicos**
El control del PP sobre los medios públicos en diversas comunidades autónomas plantea serias interrogantes sobre la independencia y la calidad de la información que se ofrece a los ciudadanos. A medida que se acercan las elecciones, el partido parece decidido a consolidar su influencia en estos canales, lo que podría tener consecuencias significativas para la pluralidad informativa en España. Las protestas de los trabajadores y las críticas de la oposición reflejan un descontento creciente que podría intensificarse en los próximos meses, a medida que se intensifique la lucha por el control de la narrativa mediática en el país.
