En la mañana del 20 de mayo de 2025, Telefónica anunció que había logrado restablecer las líneas del 112 que se habían visto afectadas por un apagón en varias comunidades autónomas de España. Este incidente había generado preocupación entre los ciudadanos, ya que el número de emergencias es vital para la seguridad pública. La compañía de telecomunicaciones explicó que la interrupción se debió a trabajos de actualización en su red, lo que provocó fallos en las comunicaciones fijas y móviles en algunas áreas.
La situación se tornó crítica en varias regiones, incluyendo el País Vasco, Andalucía, Extremadura y Aragón, donde los servicios de emergencia regionales comenzaron a recibir quejas sobre la imposibilidad de comunicarse a través del 112. Ante esta situación, algunas comunidades autónomas se vieron obligadas a habilitar números alternativos para garantizar que los ciudadanos pudieran acceder a los servicios de emergencia. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se proporcionó el número 963428000, mientras que en Euskadi se habilitó el 900 112 088. Sin embargo, en otras regiones como La Rioja y Galicia no se ofrecieron números alternativos, lo que generó aún más incertidumbre entre la población.
Los problemas comenzaron a reportarse alrededor de las 07:15 horas, y se extendieron hasta aproximadamente las 08:40 horas, cuando se restablecieron las comunicaciones del 112 en Andalucía. La Consejería de Salud y Consumo de esta comunidad aseguró que, aunque el servicio de emergencias 061 estaba operativo, otros centros de salud seguían experimentando incidencias en sus líneas telefónicas. Esto subraya la importancia de contar con un sistema de comunicación robusto y confiable, especialmente en situaciones de emergencia.
Desde Telefónica, se comunicó que se estaban realizando esfuerzos para resolver la situación lo más rápido posible. En un comunicado, la empresa afirmó: «Hemos hecho unos trabajos de actualización de la red que han afectado a servicios puntuales en algunas empresas. Estamos trabajando en resolverlo». Esta declaración fue clave para tranquilizar a la población, que se mostró preocupada por la falta de acceso a los servicios de emergencia.
A medida que se desarrollaba la situación, los servicios de emergencias regionales utilizaron las redes sociales para mantener informados a los ciudadanos sobre el estado del servicio. Esta estrategia de comunicación fue fundamental para gestionar la crisis y asegurar que la población tuviera acceso a información actualizada sobre cómo contactar a los servicios de emergencia durante el apagón.
La importancia de un sistema de emergencias eficiente no puede ser subestimada. En situaciones críticas, como incendios, accidentes de tráfico o emergencias médicas, la rapidez y efectividad en la comunicación pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, es esencial que las empresas de telecomunicaciones mantengan sus infraestructuras actualizadas y operativas, minimizando así el riesgo de interrupciones en el servicio.
Este incidente también ha puesto de relieve la necesidad de que las comunidades autónomas tengan planes de contingencia bien definidos para situaciones de emergencia. La capacidad de habilitar números alternativos y de comunicar de manera efectiva con la población es crucial para garantizar la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, la colaboración entre las empresas de telecomunicaciones y los gobiernos regionales es fundamental para asegurar que se tomen las medidas necesarias en caso de fallos en la red.
En resumen, el apagón del 112 en varias comunidades autónomas ha resaltado la vulnerabilidad de los sistemas de comunicación en situaciones de emergencia. A pesar de que Telefónica ha logrado restablecer los servicios, la experiencia vivida pone de manifiesto la importancia de contar con un sistema de emergencias robusto y bien preparado para enfrentar cualquier eventualidad. La ciudadanía debe estar informada y preparada para actuar en caso de que se repita una situación similar en el futuro, y las autoridades deben trabajar en conjunto con las empresas de telecomunicaciones para garantizar que la seguridad pública no se vea comprometida.
