Entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, una delegación empresarial canaria tiene programado un viaje a Dajla, en el Sáhara Occidental, un territorio actualmente bajo ocupación marroquí. Este viaje, organizado por Proexca, la sociedad pública de internacionalización de Canarias, y FEDEPORT, busca explorar oportunidades económicas en torno al megaproyecto portuario Dajla Atlantique, que se presenta como una inversión clave valorada en 1.300 millones de euros. Sin embargo, este movimiento ha generado una fuerte controversia, especialmente por parte del Frente Polisario, que acusa al Gobierno canario de convertirse en un «cooperador necesario de la ocupación».
La misión empresarial está dirigida a empresas del sector portuario y marítimo, y promete acceso a inversiones y servicios auxiliares en una infraestructura que Marruecos considera fundamental para conectar África con Europa y América. Este proyecto es parte de la estrategia de Marruecos para consolidar su ocupación militar sobre el Sáhara desde 1975, y el Gobierno canario ha defendido su papel como meramente técnico, limitándose a establecer acuerdos marco con asociaciones empresariales.
Sin embargo, el Frente Polisario ha reaccionado con firmeza, calificando el viaje como «especialmente grave». Abdulah Arabi, representante del Polisario en España, ha subrayado que cualquier actividad económica en el territorio debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, y ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reafirmó esta obligación en una sentencia reciente. Arabi ha afirmado que «sin el expolio de los recursos naturales, Marruecos no ocuparía el Sáhara Occidental a día de hoy», y ha advertido que las administraciones públicas no deberían convertirse en cómplices de esta situación.
El contexto de este viaje se complica aún más por las recientes iniciativas en el Congreso de los Diputados, donde varios diputados del Partido Popular, socios de Coalición Canaria en el Gobierno regional, se han reunido con representantes del Polisario para reafirmar su apoyo al referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui. Esta reunión ha puesto de manifiesto las tensiones internas en la política canaria, donde la Coalición Canaria ha sido históricamente alineada con la causa saharaui, pero ahora enfrenta críticas por su acercamiento a Marruecos.
La misión empresarial canaria se produce en un momento en que el Gobierno español ha cambiado su posición respecto al Sáhara, lo que ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza entre los saharauis. El presidente canario, Fernando Clavijo, ya había mostrado su apoyo a la autonomía marroquí del Sáhara en una visita oficial en 2024, lo que ha generado divisiones dentro de su propio partido.
Desde la perspectiva de Marruecos, la misión empresarial es un paso más en su estrategia de consolidar inversiones y atraer capital extranjero al Sáhara. Dajla, en particular, se presenta como un polo de desarrollo que incluye un puerto, energías renovables y una economía azul, todo ello enmarcado en una narrativa de progreso que busca legitimar la ocupación. Sin embargo, el TJUE ha reiterado que Marruecos no posee soberanía sobre el territorio y que cualquier actividad económica debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, representado exclusivamente por el Frente Polisario.
La situación es tensa y compleja, y el viaje de la delegación canaria a Dajla podría tener repercusiones significativas en las relaciones entre Canarias, Marruecos y el pueblo saharaui. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos, especialmente en un contexto donde la justicia europea ha dejado claro que cualquier acuerdo que afecte al Sáhara Occidental debe contar con la aprobación de sus habitantes. La historia del Sáhara Occidental es una de luchas y reivindicaciones, y el futuro de este territorio sigue siendo incierto, con el pueblo saharaui luchando por su derecho a la autodeterminación y la comunidad internacional debatiendo su papel en este conflicto.
